En reunión realizada entre delegados de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Personería de Ibagué, se discutieron temas referentes al acueducto de los Multifamiliares de El Tejar.

La Secretaría Administrativa confirmó que ya fueron ejecutados en su totalidad los tres mil millones de pesos que aprobó el Concejo para gastos de funcionamiento durante la actual vigencia, que incluye el pago de nómina para los operarios de prestación de servicios.

La Secretaría de Tránsito de Ibagué dispuso que de ser aprobado el proyecto por parte del Concejo el operador impondrá, durante el primer mes de implementado el sistema, comparendos educativos con el fin de enseñar a los conductores el respeto por las normas de tránsito.

El artículo 24 de la Constitución Nacional dispone que todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y a entrar y salir de él, salvo en caso de que apliquen las limitaciones que establezca la ley. Estas pueden referirse a medidas cautelares en procesos penales con el fin de evitar que se evada la acción de la Justicia, o como consecuencia de una condena.

La Secretaría de Tránsito informó que se venció la resolución 0456, la cual permite el parqueo de vehículos en las bahías de estacionamiento de la ciudad.

En un estado deplorable se encuentra la calle 111, vía principal del barrio Pacandé. Para sus habitantes, esta es la arteria vial que les permite comunicarse con los demás puntos del sector.

A través del programa de recuperación de rutas de buses la Alcaldía de Ibagué recuperó más de 5 mil metros cuadros de la malla vial en la comuna dos de Ibagué.

Diecisiete daños en redes de alcantarillado son atendidos de manera simultánea por las cuadrillas de emergencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital musical.

Los concejales Jorge Bolívar y Carlos Andrés Portela esperan que este sábado la plenaria considere reducir el tiempo de concesión, la entrada en vigencia del sistema y el valor asignado para la interventoría.

El exgerente del Ibal señala que cuestionar su gestión en la entidad es una cortina de humo por parte del abogado para desviar la atención sobre la responsabilidad que debe asumir él y la Administración por los diseños sobredimensionados que pagó el Municipio, para las obras de las justas nacionales y que no se llevarán a cabo.