Luego del atentado contra 21 trabajadores del proyecto hidroeléctrico Amoyá, que dejó como saldo 17 personas heridas, la Fuerza Pública encendió las alarmas. Con un Consejo de Seguridad extraordinario, el Ejército, la Policía del Tolima y las autoridades municipales acordaron nuevas medidas se seguridad.

Según el alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce, el Ejército incrementará el pie de fuerza para garantizar la culminación de la hidroeléctrica; segundo, al municipio llegará un grupo especial antiterrorista y antiexplosivos que permita prevenir la detonación de este tipo de artefactos, o, al menos, minimizar el riesgo, y tercero, el Gobierno local gestionará, a través del Departamento para la Prosperidad, algunas ayudas para quienes resultaron heridos.

Aunque estas son sólo algunas conclusiones del Consejo, para las autoridades es claro que atentados como el del viernes van dirigidos exclusivamente para trabajadores de Isagén, por ello insisten en que la movilización del personal deberá hacerse en caravanas escoltadas y con una vigilancia especializada.

¿Objetivos militares?
De acuerdo con información extraoficial, las FARC en varias ocasiones han hecho saber su descontento con la construcción de la hidroeléctrica Amoyá en el municipio. Hace algún tiempo, por el pueblo fueron repartidos unos panfletos en que el grupo armado invitaba a renunciar a todos y cada uno de los trabajadores de esta empresa.

Arce, en diálogo sostenido con EL NUEVO DÍA, confirmó que las FARC hicieron público hace algún tiempo que los trabajadores de Isagén iban a ser decretados objetivo militar. “Lo han hecho saber con panfletos y con amenazas directas a los trabajadores y algunos directivos para que renuncien y así, no ser declarados objetivos militares.

“Lo que tenemos entendido es que ellos tienen una presión extorsiva sobre Isagén y ellos no han accedido y esto es lo que ha conllevado a estas acciones (…). Esto obedece a que Isagén no ha accedido a las pretensiones de la guerrilla”, complementó.

Tres de los cinco episodios de explosiones y atentados presentados en el municipio están directamente relacionados contra Isagén.

Último episodio
Una vez más los trabajadores de Isagén en Chaparral son víctimas de atentados. De los 21 contratistas que se dirigían al campamento luego de terminar su turno en la hidroeléctrica Amoyá, 17 resultaron heridos.

El hechos se registró sobre las 6:00 de la tarde del pasado viernes, en la vía que de la vereda La Virginia conduce a Chaparral, en el sector conocido como El Salado.

Según las versiones oficiales, un artefacto que estaba instalado en la parte alta de uno de los costado de la carretera, explotó en el instante en que una caravana de Isagén pasaba por el lugar.

Al cierre de esta edición, de las 17 personas heridas, seis continuaban en el hospital San Juan Bautista, dos de ellas con heridas de consideración por las esquirlas.

Rechazo
Tras los últimos hechos, algunos trabajadores y sus familias están convocando para este miércoles a las 9:00 de la mañana una marcha por la paz, exigiendo que cesen los actos de violencia en el municipio. Aunque todavía no se ha definido el sitio, se sabe que la marcha será silenciosa.

De otro lado, como una violación a los derechos humanos (a la vida y al trabajo) el comandante de la Sexta Brigada, coronel Jairo Martín Sandoval, definió este último atentado. “Ya no solo están atentado contra la Fuerza Pública, sino que ahora están involucrando a la población civil”, señaló el Coronel.

En esto coincidió el primer mandatario de esta localidad, quien además dejó ver su preocupación por la situación de orden público registrada en el municipio.

Recuerde que
Según el Alcalde de Chaparral, en lo que va del año, tres personas han muerto instantes en los que están manipulando explosivos y tres artefactos se han detonado: uno, al interior de un bus también de Isagén, otro en la  avenida Los Estudiantes, por donde iba a transitar la caravana de esta empresa, y este último, que dejó 17 personas heridas.

Rechazo
Frente a este atentado, el gerente General de Isagén, ingeniero Luis Fernando Rico Pinzón, expresó el rechazo total de la Empresa, “pues se trata de una infracción al DIH, una violación a los derechos humanos y un atentado contra el bienestar de los ciudadanos que con esfuerzo trabajan diariamente por el desarrollo del país y que, en este caso, pertenecen en su mayoría a la comunidad del área de influencia del proyecto”.