El Alto Tribunal estableció que la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército nacional son responsables del daño por falla en el servicio que causó la muerte violenta de tres ciudadanos el 28 de febrero de 2008, en zona rural de la capital del Tolima.

En el expediente se probó que los jóvenes fueron conducidos al lugar de los hechos por medio de engaños de un desmovilizado de la guerrilla del ELN, quien los contactó en un barrio de la capital vallecaucana y les invitó a desenterrar una guaca en la que el dueño de una finca supuestamente escondía un dinero bajo la promesa de compartir el botín.

Los jóvenes asistieron al lugar en zona rural de Ibagué, donde se localizaba la hacienda ´Los Mangos’ y que desde hacía dos días estaba ocupada por uniformados del Batallón Coronel Jaime Rooke del Ejército, quienes los atacaron con armas de fuego, les dieron muerte y los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño del inmueble.