En las cuatro notarías ubicadas en pleno centro de Ibagué aún no hay registros de uniones contractuales entre parejas del mismo sexo. Al menos hasta ayer este era el resultado del sondeo que adelantó EL NUEVO DÍA. Según algunos funcionarios, ni siquiera se han presentado escrituras o solicitudes para tal 'unión'.

Sin embargo, la organización Colombia Diversa señaló que en todo Colombia 40 parejas habrían accedido a unirse bajo la figura jurídica que estipula la sentencia de la Corte y es el contrato solemne.

Marcela Sánchez, directora de la ONG, dijo a un medio nacional que estas son las cifras que está manejando el colegio de Notarios y no se explica cómo lograron esa información.

Y agregó que “ahí lo importante es que en realidad la gente tiene que saber que en últimas sigue vigente la unión libre. Si en algún momento llegaran a tener que hacer reclamación de sus derechos, lo van a tener que hacer por la unión libre, que es la única válida, y no por este contrato”.

Nadie se pone de acuerdo

Sin duda, los vacíos que surgen de la unión solemne son muchos. El primero tiene que ver con los notarios, quienes a ciencia cierta no saben si pueden o no celebrar matrimonios o uniones gay, luego de las declaraciones que hizo públicas la Procuraduría.

En una circular y a través de la delegada para la Infancia, el Procurador ha advertido que los notarios y jueces no pueden llamar a las uniones de parejas gay un matrimonio, pero sí podrán argumentar objeción de consciencia cuando se presenten estos casos.

Contrario a ello, el fiscal Eduardo Montealegre ha advertido que la Procuraduría no podrá investigar disciplinariamente a los notarios que decidan llamar matrimonio a las uniones de las parejas del mismo sexo.

Montealegre señaló que ante la inexistencia de una ley sobre el tema, notarios y jueces civiles están en libertad de interpretar la histórica sentencia de la Corte Constitucional que les reconoció a los homosexuales el derecho a conformar familia. 

De otro lado, los homosexuales, a través de las organizaciones que los representan, han manifestado que el vínculo contractual al que pueden acceder en las notarías y en los juzgados no es procedente, porque se trata de una figura que no está amparada en la ley, que es “inventada” por el Superintendente de Notariado, quien no tiene autonomía para legislar.