En segunda instancia fue ratificada la sanción contra el exalcalde Jesús María Botero Gutiérrez. La decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a cargo del procurador Primero Delegado, Juan Carlos Novoa Buendía, destituye e inhabilita al exmandatario por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

Así mismo, destituye e inhabilita a los exfuncionarios de gabinete del mismo periodo de gobierno Martha Mirella Peña, secretaria de Apoyo a la Gestión y delegada de Botero Gutiérrez, con 12 años, y a Jaime Orlando Vélez, exsecretario de Infraestructura, con sanción disciplinaria e inhabilidad de 10 años.

También, con 10 años a los exadministrativos de la Gestora Urbana Alfonso Carrero López y Adriana Carolina Perea Cadavid, exgerente y exfuncionaria, respectivamente.

En el caso de Jesús María Botero Gutiérrez, la destitución e inhabilidad se basa en la comisión de una falta disciplinaria gravísima cometida con culpa gravísima, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

Opinión

Para el abogado Orlando Arciniegas Lagos, la situación se define por irregularidades en la contratación y asegura que el entonces alcalde no tuvo en cuenta las distintas observaciones que le fueron hechas y por ello la decisión de una colectividad para denunciar.“Los hechos se dan por los convenios administrativos que buscaron burlar el estatuto contractual de no convocar a licitaciones, sino transferir los recursos so pretexto. La Gestora Urbana tenía un régimen de contratación especial para adjudicar a dedo los contratos.

“Siempre los daban a un grupo de personajes denominados 'Los 12 Apóstoles', que cambiaban documentos al punto que se tuvo que denunciar los hechos ante la Procuraduría”, añadió Arciniegas.

Faltas y graduación de la sanción

(…) Jesús María Botero Gutiérrez, en calidad de alcalde de Ibagué y responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, omitió sus deberes de vigilancia y control sobre el ejercicio de la competencia delegada en la Secretaría de Apoyo a la Gestión, permitiendo que se celebrara de manera directa los contratos interadministrativos objeto de cargo con el Banco Inmobiliario, Gestora Urbana (…).

Según el abogado Arciniegas, por vía excepcional queda la posibilidad de que los disciplinados recurran ante el Consejo de Estado, quienes procederán a revisar y, si es el caso, el contencioso dirá si se ajusta el fallo.

El fallo en primera instancia había sido publicado el 8 de octubre de 2012; en ese entonces, la sanción para el exburgomaestre era de 15 años.