Ante el Fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia, el diputado liberal Carlos Reyes interpuso dos denuncias en contra del gobernador Óscar Barreto Quiroga por supuesta violación de los principios que rigen la contratación de la administración pública y corrupción electoral.

En la primera de ellas, el asambleísta asegura que en esta Administración se han direccionado contratos. Para sustentar este señalamiento, el diputado dice que mientras en el gobierno del liberal Luis Carlos Delgado Peñón se presentaron en promedio 46 oferentes por cada proceso de contratación pública, en la actualidad solo se presentan dos, de los cuales solo resulta habilitado uno.

En esta misma denuncia, Reyes afirma que en época preelectoral hubo un aumento en la suscripción y ejecución de contratos de prestación de servicios. En concreto, menciona que en el último año de gobierno de Delgado Peñón se celebraron 780 contratos por más de $29 mil millones, mientras que al año siguiente, ya en el gobierno Barreto, se suscribieron 1.621 por $41 mil millones y en 2017 el número aumentó a 1.743 contratos por un valor superior a $87 mil millones.

Para Reyes, este incremento tenía como propósito beneficiar las candidaturas de Miguel Barreto al Senado y Adriana Magali Matiz a la Cámara, y posteriormente a personas cercanas al mandatario pensando en las elecciones regionales.

En tercer lugar, menciona que el 19 de julio de este año la Secretaría de Salud departamental efectuó un doble pago de una factura a la Corporación Hospital IPS por $1.030 millones y varios días después, el 1 de agosto, generó otro pago igual, para un monto total de $2.066 millones.

Por esto, el diputado aseguró que las conductas corresponden a la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

“Con el respeto de usanza, demandamos de la Fiscalía adelantar la investigación correspondiente que conduzca al esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad penal del Gobernador en caso de comprobársele su participación en los hechos materia de investigación”, asegura.

Por otro lado, en la segunda denuncia, el diputado asegura que Barreto coaccionó al alcalde de Falan, Forney Munevar, para “torcer” la votación y elección de miembros del Consejo Directivo de Cortolima, el cual elegirá este año al próximo Director de la Corporación para el periodo 2020 - 2023. La denuncia también fue interpuesta contra el alcalde Munevar.

De acuerdo con la narración del diputado Reyes, los alcaldes liberales del Tolima habían acordado apoyar a Oswaldo Alape, primer mandatario de Coyaima, para que los representara en el Consejo Directivo. El compromiso incluía al Alcalde de Falan, quien se encontraba fuera del país para la época y delegó a una funcionaria para que lo representara.

De forma “inexplicable” -dice Reyes-, el 25 de febrero, día de la elección, la funcionaria no asistió a la asamblea pese a las repetidas llamadas que le hicieron miembros y alcaldes del partido Liberal. En consecuencia, a falta de ese voto, la colectividad ‘roja’ se quedó sin ninguna representación en el Consejo Directivo de la autoridad ambiental.

Agrega que aunque Falan ha “sufrido el olvido” de la Administración departamental, pocos días después el mismo gobernador Barreto anunció que estaría firmando convenios por más de $2 mil millones para la construcción de placas huellas y compra de combustible para el mantenimiento de la red vial terciaria.

“Consideramos que toda inversión que realice el ente territorial departamental en los entes locales es plausible en la medida que deben estar dirigidas a la solución de necesidades. Pero en el presente caso lo que demuestra con toda claridad es que la mentada ‘inversión’ estaba condicionada a la no asistencia de la Alcaldesa encargada en un manifiesto acuerdo indebido entre el Gobernador y el Alcalde”, dice.