El concejal Miguel Bermúdez solicitará a las entidades de control que investiguen posibles irregularidades que han retrasado por meses la construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas (Crav) de Ibagué, un proyecto de $2.906 millones que está en el absoluto abandono y en camino a convertirse en un verdadero ‘elefante blanco’.

Pese a que el contrato suscrito con el Consorcio Betar Ibagué fue prorrogado en octubre de 2020 y la Unidad para las Víctimas garantizó en marzo pasado los recursos aportados para el proyecto ($1.791 millones), las obras permanecen paralizadas y sin que nadie aparezca como responsable, indicó el concejal Bermúdez.

“Solicité al Secretario del Concejo que remita copia inmediata a la Fiscalía, para que verifique si existe una conducta punible de algún funcionario, directivo y contratista; a la Contraloría Municipal para determinar si se ha generado un detrimento económico para los ibaguereños, y a la Personería para efectos de ver cómo se están garantizando los derechos fundamentales de las víctimas”, dijo.  

En el Crav, que se construye en un predio contiguo a las instalaciones de la Fiscalía en El Papayo, harán presencia las instituciones que integran la ruta de atención a víctimas como la Alcaldía, el Icbf, la Defensoría, la Unidad de Víctimas, entre otras entidades, lo cual facilita la atención a esta población, que, para el caso del Tolima asciende a más de 208.000 personas. 

“Este proceso lo denuncié y advertí el 22 de febrero de 2020, cuando cité a la Secretaria de Desarrollo Social de su momento, y hoy, 14 meses después, continúa igual. Una obra en total abandono y sin ningún responsable, nadie pone la cara frente a esta desidia, este abandono y desperdicio de los recursos públicos”, comentó Bermúdez. 

La Alcaldía respondió

Al respecto, Francy Liliana Salazar, secretaria de Desarrollo Social, aseguró en debate de control político en el Concejo que está adelantando las audiencias con el contratista para determinar si incumplió con sus obligaciones. Si esto llegara a ocurrir, la Administración podrá imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato.

“Frente a este contrato es pertinente señalar que se presentó informe del supervisor y el interventor manifestando un presunto incumplimiento por parte del contratista, por tal razón se decidió citar a la audiencia que se encuentra establecida en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento)”, señaló la funcionaria. 

El consorcio, según explicó Salazar, ha señalado que “por cuestiones de pandemia y muchas cosas” no ha podido continuar con la construcción. Ante esto, la secretaria enfatizó que la Administración tiene todo el ánimo de que el proyecto concluya y, por ende, tomará las acciones necesarias para que así sea. 

La audiencia, que se ha suspendido en tres ocasiones, se retomará el próximo 19 de abril desde las 9 de la mañana. Por otro lado, mañana la Secretaria reunirá con la Mesa de Víctimas y la Unidad para las Víctimas para presentar un informe sobre el estado de la obra. 

No podemos permitir que el centro de atención de víctimas se convierta en otro ‘elefante blanco’, como nos ha ocurrido con los escenarios deportivos.