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El Código Penal establece penas de 4 a 8 años a los candidatos y gerentes de campaña responsables de que se “excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”. La misma pena se establece para el candidato y gerente que acuda a "fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales”, entre ellas el narcotráfico y "las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales”. Además, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral han establecido que las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales.
El tope de primera vuelta fue de $28.536.520.492 pesos y la campaña reportó gastos por $28.384.680.001 pesos. El de segunda fue de $13.347.457.427 y el reporte fue de $13.199.709.794.
Hay dos maneras de vulnerar los topes. Una, hacer gastos de campaña y no reportarlos en el sistema Cuentas Claras. La otra, recibiendo financiación en dinero o en especie por encima de los máximos establecidos por la autoridad electoral o de fuentes prohibidas.
Según denunció lasillavacia, la campaña no reportó el pago a testigos electorales y a los asesores internacionales, Antoni Gutiérrez Rubi, Xavier Vendrell y Virgilio Hernández. Con cualquiera se violaron los topes. Hay dudas sobre si se reportaron todos los gastos de viaje hechos con SADI, la empresa de la narcoavioneta incautada en Providencia. Y está claro que no se contabilizaron varios actos de campaña en el Caribe.
A estas alturas, son varios los ingresos no reportados. Los confesados por Nicolás Petro: los de Euclides Torres (“[mi papá] sí sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba”), los del mafioso Santander Lopesierra, los de Gabriel Hilsaca, y los de la “campaña paralela" de Verónica Alcocer. Por otro lado, los aportes del mafioso Sobrino y su mujer en Casanare. Además, los quince mil millones que consiguió Benedetti. En sus palabras, "en el momento en que diga quien dio la plata […] nos jodemos todos […] nos hundimos todos, nos vamos presos”.
Hay un ingreso adicional, el de 500 millones provenientes de Fecode. Esta semana se conoció un acta del 03 de mayo del 2022 del Comité Ejecutivo de ese sindicato en que se aprueba por unanimidad "un apoyo económico a la campaña de Petro a la Presidencia”. Aunque ahora diga que “tal vez me equivoqué de nombre”, Nelson Alarcón, para entonces tesorero de Fecode, lo reconoció en agosto pasado: “si la dimos [la plata] para la finalidad de la campaña presidencial… Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña”. Ojo, Ricardo Roa.
Probablemente advertidos de la prohibición para las personas jurídicas de donar a campañas presidenciales, el 23 de septiembre del 2022, ya con Petro en Casa de Nariño, Fecode corrió una escritura pública en la que se afirma que “donará, en efectivo, quinientos millones para la Colombia Humana más no para la campaña presidencial”. 500 millones "en efectivo”… Pero la maniobra de engaño tiene varias problemas, entre ellos que en el reporte de donaciones de la Colombia Humana del ese año se refiere el ingreso de los 500 millones como “donación gasto y funcionamiento campaña”. Y ninguna campaña reportó esa donación. Es decir, hubo una triangulación por debajo de la mesa. Además, manejar y donar en efectivo semejante suma vulneraría los estatutos de Fecode. Me quedo con la duda de si, por otro lado, Fecode administra recursos públicos o parafiscales.
En fin, superar los topes de financiación supone la pérdida del cargo. Y tanto esconder información en los reportes como superar topes son delitos. La responsabilidad es del gerente de la campaña, Roa, y de la fórmula presidencial, Petro y Márquez. La Comisión de Acusaciones no puede seguir mirando para otro lado.
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