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Las manifestaciones de Petro son una advertencia, muestran el camino que parece decidido a recorrer. Por un lado, dijo el viernes en Cali que “si Colombia no hace las reformas, el estallido social va a volver”. Es una conminación al Congreso y una notificación de un nuevo paro promovido, otra vez, por Petro y la izquierda extrema de la que hace parte y, habrá que suponerlo, apoyado como entonces por los grupos violentos y por los vándalos.
Por el otro, sostuvo que “si la mayoría del Congreso no quiere [las reformas que propone], la Constitución sí quiere y el gobierno sí quiere, y el pueblo de Colombia sí quiere, y vamos a proceder”. Y añadió que “haremos quizás vericuetos” y que aunque "tumben decretos por aquí, tumben decretos por allá, el proceso de cambio es imparable”. En otras palabras, manifiesta su intención de pasar por encima no solo del Congreso sino también de los jueces, porque no son otros que los jueces los que anulan los decretos a los que Petro se refiere. Avisa que está dispuesto a imponer su voluntad por encima de lo que opinen, digan y hagan las otras ramas del poder público.
Esa actitud de abierto menosprecio por las instituciones del Estado se refleja también en la afirmación de que la ponencia del CNE es una “arbitrariedad”, una “abierta ruptura constitucional”, un “golpe que ya comenzó”, al que, viene la amenaza, “se responde con la fuerza del pueblo”. Petro desconoce explícitamente la naturaleza constitucional del CNE y de sus funciones y advierte no solo que no acatará lo que el Consejo decida sino que se opondrá con movilizaciones en las calles.
Más aún, Petro hizo en Cartagena dos gravísimas advertencias. Dijo que seguirá “hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo”. En pocas palabras: anuncia su disposición a quedarse en el poder y que hará lo que ese pueblo “ordene”, con independencia de lo que manden la Constitución y las leyes. No volveré sobre lo que el pueblo es una democracia. Solo recuerdo que el pueblo somos todos y no solo la facción petrista y que precisamente por eso, porque en democracia todo el pueblo, que es variopinto, debe tener la posibilidad de expresarse, es que hay elecciones periódicas y se elige un congreso que refleja las muy distintas opiniones de ese pueblo diverso.
En resumen, en esta semana Petro ha avisado que desconocerá las decisiones del Congreso y de los jueces y que está dispuesto a acudir a las vías de hecho e incluso a la violencia si no le aprueban sus reformas, que cualquier decisión institucional sobre su campaña y que ponga en peligro su permanencia en el cargo la entenderá como un golpe de estado, que desconocerá esas decisiones y se opondrá a ellas, que pretenden quedarse más allá del 2026 y que la Constitución es lo que él diga. Súmese la insistencia de Petro en adelantar un “proceso constituyente” que, cualquier cosa que sea, supone cambiar la Constitución por caminos no contemplados en la Constitución misma. La vía de la ruptura con la Carta del 91, el de autogolpe, está claramente planteada.
Sería no solo irresponsable sino imperdonable no prepararnos para lo que Petro avisa. Hay que trabajar en paralelo y desde ya, por encima de partidos y de viejas diferencias políticas, los tres escenarios que se plantean: hacerle oposición a Petro mientras que esté en el gobierno; construir una propuesta eficaz y atractiva para las elecciones del 2026 si es que se realizan; preparar una contundente y triunfadora respuesta ciudadana si Petro, como anuncia, se aventura a dar el autogolpe. Si del pueblo y la calle se trata, los demócratas somos amplísima mayoría. Petro y sus extremistas no nos vencerán.
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