Como "ineficientes" calificó la Procuraduría General de la Nación las medidas que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente, en cabeza de Susana Muhamad, para combatir la minería ilegal que está contaminando los ríos y poniendo en riesgo la vida de las comunidades.

"Ante la falta de resultados eficientes y poca evidencia de la ejecución de la estrategia del Gobierno Nacional para la contención de la explotación ilícita de yacimientos mineros, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, convocar sesiones extraordinarias del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados", afirmó el Ministerio Público.

En el pedido, fechado de este viernes, 15 de diciembre, la Procuraduría exigió al Ministerio de Ambiente convocar espacios interinstitucionales para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes contra el medio ambiente.

La problemática, según el órgano de control, se agudiza especialmente los ecosistemas ubicados en el Bajo Cauca antioqueño, la región de la Amazonía y los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Santander, Bolívar, Caldas y Córdoba.

"Finalmente, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos, y Agrarios, el órgano de control expresó que es apremiante concretar acciones para detener la deforestación y coordinar la implementación de estrategias de rehabilitación, recuperación y restauración ecológica en regiones que además, sufren el flagelo de la violencia y en la que sus habitantes vienen sufriendo afectaciones a la salud, vida y seguridad alimentaria, por cuenta de la contaminación con mercurio, cianuro y otros contaminantes", sostuvo el Ministerio Público.

El mercurio en el río

Un mercado negro, que controla la comercialización ilícita de mercurio, patrocina el proceso de extracción ilegal de oro en el municipio de California, Santander. Esta red clandestina, con sede en Bucaramanga, es el primer eslabón en una larga cadena de actores ilegales que son responsables de la grave contaminación detectada con metales pesados, altamente nocivos para la salud humana, de la quebrada La Baja y los ríos Vetas y Suratá, que están conectadas a la cuenca hídrica que nace en el Páramo de Santurbán.

Según la Organización Mundial de la Salud, este metal es un agente cancerígeno y su exposición, así ocurra en pequeñas cantidades, (como estaría sucediendo en la actualidad en la zona de minería ilegal de California), puede causar graves problemas en el sistema nervioso, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos, entre otros órganos.

Desde el lunes 16 de julio de 2018 Colombia prohibió el uso de este metal, de acuerdo a la ley N°1658. La norma se expidió debido a los impactos ambientales en el aire, el agua y el suelo que ponen en riesgo los ecosistemas y la salud de las personas expuestas a esta sustancia, tanto de manera directa por parte de los mineros, como indirecta, en relación a sus entornos familiares, zonas comunitarias y ecosistemas aledaños.

Hace cuatro años, el entonces ministro de Ambiente del país, Luis Gilberto Murillo, aseguró, cuando se protocolizó esta prohibición, que “desde hoy los mineros deberán continuar sus actividades sin el uso de mercurio. Con esta medida se reducen las emisiones y liberaciones en el medio ambiente, que son altamente contaminantes. Esta ley contribuirá a disminuir el mercurio en el aire, agua, suelo, flora y fauna, mejorando la calidad ambiental y disminuyendo la exposición a los riesgos que tiene para la salud de mineros y la población en general”.