“Es vital que los colegios se ‘desatrasen’ y entreguen herramientas para el manejo de situaciones que alteran la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes”, indicó Darío Rodríguez, personero delegado.

“De no cumplir esta advertencia, los rectores de las 59 instituciones educativas de Ibagué serán objeto de apertura de procesos disciplinarios”, señaló Rodríguez, al recalcar que la secretaría municipal está obligada a garantizar este proceso.

En los manuales de convivencia deben garantizarse el debido proceso, el derecho a defensa, de los niños, niñas y adolescentes, que en su mayoría son violados de manera permanente.

Según el defensor público, al inicio del año escolar fueron recurrentes los casos en los que los rectores se negaban a entregar cupos a niños víctimas del conflicto armado, a hijos de madres cabeza de familia; sólo a través de peticiones y acciones de tutela se pudo garantizar el derecho a la educación de esta población vulnerable.

Como se recordará la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 o ley de convivencia escolar define con precisión conceptos como conflicto, agresión escolar, si es física, verbal, relacional, gestual y hasta electrónica.