Como un acto sin precedentes se catalogó la imputación de cargos en contra de la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez; el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exalcalde Elver Porfidio Cerón Chincuque, quien fungió para el periodo 2012-2015, esto en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta omisión de los funcionarios en la tragedia que se registró el pasado primero de abril en dicho municipio, donde perdieron la vida 336 personas por cuenta de una avalancha.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, indicó que a pesar de la normatividad que gobierna la posición de garante de los funcionarios públicos, los mandatarios llamados por la Fiscalía incumplieron dicho deber.

Así mismo, reveló que en las últimas décadas se han presentado desastres naturales que han cobrado la vida de miles de colombianos, aunque existía la previsibilidad de sus efectos.

De acuerdo con Espitia, la posición de garante está contemplada en el artículo 25 del código penal colombiano.

Sumado a esto, en la sentencia 25536 del 27 de julio de 2006, que contó con la ponencia del entonces magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón, “la posición de garante es la situación en la que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante”.

Según el fiscal delegado, “en sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido”.

Señalamientos jurídicos

Según la Fiscalía General, la actual gobernadora tendría que responder por el delito de homicidio culposo en posición de garante; mientras que al alcalde y exalcalde del municipio de Mocoa se les endilgará los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Contrario a lo que determinó la Fiscalía, el abogado penalista Francisco Bernate aseguró que dicha determinación es severa.

“Yo creo que esto que se está anunciando no tiene precedente alguno en Colombia desde lo jurídico y creo que abre una situación muy delicada y es que los mandatarios estatales o locales ahora también tendrían que entrar a responder por las tragedias que sucedan”.

Para el penalista, la interpretación “es equivocada” ya que no se puede responsabilizar a mandatarios de las tragedias que ocurren en el territorio nacional.

“Es equivocado señalar que porque se es autoridad pública o por ser mandatario debe automáticamente hacerse responsable por las tragedias o todo lo que pueda suceder. Lo que debe evaluarse es si para ese momento previo a la tragedia con la información que tenía el alcalde o la gobernadora, tenían la capacidad real y la información suficiente para poder tomar las medidas que hubiesen podido evitar ese resultado”.

Por su parte, el también abogado penalista, Jaime Granados, coincidió con la Fiscalía en que si hay pruebas que demuestran la culpabilidad de los mandatarios en los hechos, la imputación de cargos en su contra es válida.

“Si tiene la Fiscalía elementos materiales de prueba que permitan establecer que esa previsibilidad era en concreto y además que no se tomaron las medidas preventivas adecuadas, sería a mi juicio una imputación totalmente fundada”, argumentó el penalista.

Llamado a las autoridades locales

A su turno, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, advirtió que la imputación es un llamado a las autoridades locales y municipales para que se planifique y se preserve la integridad de las personas que se encuentran en lugares de alta vulnerabilidad.

Para esto, aclaró que el gobierno Nacional creó los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que sirven para mitigar riesgos a la ciudadanía, además de generar orden en el lugar.

“Claro que es un llamado, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación para un desarrollo urbanístico y un instrumento de planeación que reúne varias fuentes. Por ejemplo, tiene la matriz de riesgos y esta consiste en saber cuáles son y cómo se tienen que prevenir”, indicó el exministro.

Para Henao, el POT define riesgos que contemplan temas industriales y ambientales, por lo que con este mecanismo se puede llegar a realizar una mitigación y de esta manera prevenir ciertos efectos de tipo ambiental.

En medio de los estudios que se realizan se puede identificar el estado de las cuencas hídricas y evitar que se desarrollen proyectos de vivienda o industria en lugares aledaños.

Por último, el exministro reiteró su llamado para que se preserve el derecho a la vida. “Es entonces sin lugar a duda un llamado a que los Planes de Ordenamiento Territorial establezcan una ruta de acción para el desarrollo de un territorio y no solamente desde el punto de vista de generar viviendas, sino de generar la protección a la vida”.

Contrario a Henao, el sociólogo y concejal del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, catalogó la diligencia judicial como un “absoluto despropósito”, pues en su concepto la gobernadora recibió el departamento de Putumayo con antecedentes severos de mal uso del suelo. Por lo mismo, aseguró que Aroca Rodríguez no puede ser responsabilizada de un desastre natural.

“Más aún cuando los POT se vienen expidiendo desde el año 2000, luego aquí hay un acontecimiento histórico. No solo en Mocoa sino en al menos el 35% de los municipios del país hay serios riesgos de desastres como producto de la expedición de POT que no incorporaron una prevención en relación con el cambio climático y el calentamiento global. Aquí lo que tenemos que asumir es una actitud proactiva en la corrección de estos problemas de uso del suelo y de respeto a las dinámicas propias de la naturaleza”, argumentó Sanguino.

Igualmente el concejal aseguró, que estos hechos no se deben convertir en un asunto de responsabilidad penal. “Yo creo que esta imputación de cargos no solo es un despropósito, sino que evade además la discusión de fondo y es la manera como el Estado se orienta en las expediciones del POT”.

Por esto, el concejal hace un llamado al gobierno Nacional para que reglamente los POT en ocasión a los fenómenos naturales que se puedan registrar.