Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general (r) Jaime Ruiz Barrera quien calificó como “sorprendente” el que la Corte haya tomado esa decisión que, según él, “tanto daño le causó al país”.

Dice el oficial en retiro que el fallo de la Corte en quienes primero caló fue en la moral de las tropas. “Esto no solo afecta a los militares y policías, afecta la institucionalidad del país”, dijo molesto.

Y es que para el oficial (r) los ecos de esa decisión “son muy graves y van a repercutir en la defensa del país. Ya que si no hay seguridad jurídica no hay quién defienda a Colombia”.

Hoy señala Ruiz, “la inseguridad es total”, lo que pone contra la pared las operaciones que adelantan las Fuerzas Armadas por el temor a las consecuencias para sus integrantes, quienes no podrán obtener los resultados esperados por los colombianos.

La declaración de Ruiz pone sobre la mesa lo que podría estar sucediendo con la moral de las filas militares, y a la cual que se refirió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras conocerse la decisión del alto tribunal.

“Frente a esta decisión, no puedo dejar de decirle la verdad al país: este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas. Conocedores de su compromiso, con certeza seguirán con todo el corazón y la fortaleza actuando en defensa del pueblo colombiano”, dijo Pinzón en rueda de prensa y finalizó que “aunque respetamos y acatamos este fallo, disentimos de la aproximación de la Corte en cuanto al trámite, el cual calificó como un proceso democrático.

Para el presidente de Acore “es claro que la tropa estará muy afectada moralmente. Cuando se va al combate y no hay un marco de referencia, no hay normas jurídicas para disponer, y cualquier conducta generada en algún momento, a razón del combate, hace que los combatientes queden en ascuas”.

Este criterio fue respaldado sin titubeos por el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien a lo largo del proceso en el alto tribunal defendió con vehemencia el acto legislativo.

El Jefe del Ministerio Público arremetió contra la decisión de la Corte Constitucional y la comparó con la exequibilidad que la corporación le dio al Marco Jurídico para la Paz: “Con esta decisión y con las decisiones anteriores de la Corte, la subversión tiene unas garantías consignadas en el Marco Jurídico para la Paz, y los militares quedan sin las garantías del Derecho Internacional Humanitario”, afirmó.

Sí hay fuego

Y es que, lo que distintos sectores no han asimilado es que el Fuero Penal Militar no desapareció. Lo que sucedió fue la desaparición del acto legislativo que lo reformaba, y que pretendía, entre otras cosas, crear un Tribunal de Garantías Penales cuyas funciones eran servir de juez de Control de Garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelantara contra miembros de la Fuerza Pública con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral; con lo que se buscaba un blindaje jurídico para los militares.

Al caerse la Reforma todo queda como hasta el día anterior a la decisión de la Corte; es decir, el fuero queda con la misma redacción contemplada en la Carta Política y continúa la condición especial de juzgamiento penal para los miembros de la Fuerza Pública, que son procesados por la Justicia Penal Militar, donde los juzgadores son militares conocedores de todos los procedimientos castrenses; no como se ha interpretado por distintos sectores, que la decisión de la Corte deja “desamparados” a los militares.

Este criterio fue compartido por el fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien indicó que no cree que los militares queden desprotegidos con la decisión de la Corte Constitucional. “Hay una jurisprudencia muy garantista y a pesar de los avances del nuevo acto legislativo no pienso que la Corte haya dejado en desprotección a los militares en Colombia”, puntualizó el jefe del ente acusador.

Sin embargo, el Gobierno nacional anunció que seguirá buscando mecanismos para fortalecer la condición legal de las tropas, pues “la seguridad jurídica ha sido y seguirá siendo la mayor preocupación de los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, tal como lo dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Esa es la razón que el martes próximo llevará a Juan Carlos Pinzón al Congreso de la República donde radicará, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley para crear el denominado Fondo de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio; y otro más, para activar el sistema de defensa técnica y especializada.

“Mientras esté en ejercicio de estas funciones seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer su seguridad jurídica y su bienestar, para bien de la seguridad y la paz de todos los colombianos”, dijo Pinzón en claro reproche a la decisión de la Corte Constitucional.

Este criterio fue compartido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien dijo “continuaremos abogando por su seguridad jurídica”.

Son muchas las opiniones que se conjuraron alrededor de la decisión de la Corte Constitucional que aunque no gustó en muchos sectores deberá ser respetada y acatada por considerarse la máxima instancia judicial en Colombia.

Desde la justicia

El magistrado Wilson Ruiz Orejuela, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quiso bajarle los ánimos al debate dando un parte de tranquilidad para la Fuerza Pública y la ciudadanía en general asegurando que el fuero militar se mantiene como hasta el momento, y añade que esa instancia remitirá a la Justicia Ordinaria o la Penal Militar los casos que en disputa ellos conozcan. “Lo haremos de conformidad con la Ley y la Constitución”, dice en un tono más reposado al que se ha escuchado desde distintos sectores.

“Seguiremos como máximo órgano en materia de conflicto de competencias”, agrega Ruiz intentando despejar los nubarrones con los que se augura, desde las partes que se ven afectadas de una u otra manera, que al conocer casos que impliquen miembros de las Fuerzas Armadas se actuará en derechos. “Tras el estudio de cada caso, éstos irán a la instancia de juzgamiento respectiva”.

En la actualidad el militar que cometa un delito que no tenga relación con el servicio puede ser juzgado por la justicia ordinaria, y no por la militar; esto tras configurarse un “conflicto de competencias” entre las justicias militar y ordinaria y es la Judicatura la encargada de resolverlo.

La imparcialidad de la que habla el presidente de la Judicatura es sustentada en la manera como se ha venido procediendo en estos casos. Según cifras de esa instancia en lo corrido del año los conflictos abiertos por cuenta de actuaciones militares y resueltos por los integrantes de esa Corte, han ido en un 50 por ciento a la justicia ordinaria, un 43 por ciento a la Penal Militar y el siete por ciento lo configuran las abstenciones.

“Pueden estar completamente tranquilos, seguimos trabajando en aras de la imparcialidad para el país”, dice Ruiz con la intención se bajarle la tensión al tema.

A pesar del llamado del magistrado, la tranquilidad no le llega al presidente de Acore para quien el mayor temor de que los casos contra uniformados lleguen a la justicia ordinaria obedece a que “allí hay muchos funcionarios que inocentemente, por desconocimiento de las situaciones de conflicto, producen decisiones equivocadas; otros quizá no”.

De la misma manera, las dudas que asaltan al general Ruiz están sustentadas en que en muchos casos se dan “decisiones menos jurídicas y más politizadas. Allí se estaría favoreciendo a los grupos terroristas”.

Ante estas posturas el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra considera que tanto en la Justicia Ordinaria como en la Penal Militar los miembros de la Fuerza Pública “tienen garantías en ejercicio del derecho de defensa”.

Según Beltrán “era más el deseo de afianzar lo que ya tenían los militares, además de querer crear unas nuevas instituciones como lo era una comisión especial para dirimir los conflictos, un tribunal de garantías como si ya no las tuvieran. Hoy existen suficientes mecanismos jurídicos para los militares”.