Al terminar este 2013 y en la víspera de un nuevo año en el que seguramente seguirán las negociaciones del Gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba) este movimiento insurgente ha mantenido su accionar de forma constante, aunque con cambios significativos en la estrategia militar.

El reporte de la Fundación Paz y Reconciliación no solo muestra la nueva estrategia de las Farc en medio de los diálogos de paz y el panorama del ELN, sino también hace un análisis detallado de cómo las bandas criminales no se han debilitado de fondo con el constante cambio de cabecillas, a propósito de las capturas y ‘bajas’ producidas por las Fuerzas Armadas.

La alerta de la Fundación hacia las autoridades indica que si no se controlan los activos de estas organizaciones remanentes, incluso de las AUC, no se podrá frenar su actividad ilegal.

EL COSTO HUMANO DE LA GUERRA EN 2013

- Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 2.529 capturas, en ese mismo periodo de 2013 la cifra cayó a 1.927.

- Las muertes de guerrilleros en combate pasaron de 330 entre enero y septiembre de 2012 a 361 en ese mismo periodo para el año 2013.

- Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 1.868 heridos de la Fuerza Pública, para el mismo periodo de 2013 la cifra fue de 1991.

- Los miembros de la Fuerza Pública muertos en actos del servicio disminuyeron, pasando de 311 entre enero y septiembre de 2011, a 288 en el mismo periodo de 2013.

FARC: CAMBIO DE ESTRATEGIA

El informe revela cambios en el accionar de las Farc durante el 2013. Estos están representados en la voluntad de decretar treguas o hacer ofensivas de acuerdo al ritmo en La Habana, la utilización del sabotaje a la infraestructura energética como una táctica militar y la promoción de la protesta social y la movilización política en sus zonas de influencia.

Las Farc operan en 11 regiones y 242 municipios del país y en este 2013 se le contabilizaron, hasta noviembre, 2.003 hechos violentos, mientras que en todo el 2012 se registraron 1.944 acciones. No obstante, su accionar ya no trata de combates abiertos ni de emboscadas, sino de ataques sorpresa y una gran ofensiva contra la infraestructura energética, con 200 hechos entre enero y noviembre de este año.

La Fundación reveló que en zonas de actividad petroleras como Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander se crearon “comisiones de mineros”, para enterrar los explosivos cerca a dichas estructuras.

No obstante, en su criterio, el aumento de la extorsión en zonas de explotación petrolera tiene también como motivación mostrarle a la sociedad la necesidad de paz y presionar a los empresarios para que apoyen las negociaciones.

Se trata de microextorsión en Caquetá, Nariño y Meta; de una extorsión a empresas medianas como las de transporte público o contratistas petroleros y a grandes compañías a las que se les exige hasta el 10 por ciento del valor del barril de petróleo como cuota; todo esto a fin de que la empresa privada presione al Gobierno para buscar la paz.

Especialmente, se indica que las negociaciones en La Habana sí han afectado las acciones de la guerrilla. Por ejemplo, cuando finalizó la tregua navideña de 2012, se lanzó una fuerte ofensiva que incluso llevó a que Tumaco estuviera 20 días sin energía, hechos que terminaron afectando la mesa de diálogo debido al impacto negativo en la opinión pública.

Ahora bien, especialmente en el 2013 las Farc apoyaron los paros en Catatumbo, el Chocó y Caquetá, así como protestas, bloqueos de vías, las marchas por la paz y participaron activamente en eventos que tienen que ver con las negociaciones.

Un hecho relevante para la Fundación es que a pesar de la supuesta inconformidad del Bloque Sur y de la columna Móvil Teófilo Forero con el proceso de paz, “no se encontró información clara sobre esta situación. De hecho el Bloque Sur fue una de las estructuras que cumplió el cese al fuego unilateral que declaró las Farc durante las festividades de diciembre del 2012 y principios de 2013”.

Pero lo más relevante en el cambio de estrategia fue utilizar como táctica militar los atentados a la infraestructura energética y petrolera que ha llevado incluso a atacar zonas rurales con las consecuencias que esto tiene.

“No tienen que hacer grandes esfuerzos. Instalan las cargas explosivas con dos o tres personas vestidas de civil. Obligan a que la Fuerza Pública desplace tropa a estos lugares dejando vacíos en las zonas rurales”, señala el reporte.

La Fuerza Pública ha respondido con la creación de estructuras para salvaguardar oleoductos y torres de energía en Putumayo y Caquetá. De hecho, en Arauca el 81 por ciento de la tropa se dedica a esto y solo un 19 por ciento al combate, según el reporte.

La conclusión en este punto es que las Farc supieron aprovechar las zonas donde quedaron replegados por la Política de Seguridad Democrática impulsada en el Gobierno de Álvaro Uribe, pues el accionar de la Fuerza Pública los empujó a zonas que si bien son apartadas, concentran riqueza minera y petrolera.

ELN: ACCIONES POLÍTICAS

A 30 de noviembre de 2013, el ELN había realizado 304 acciones violentas mientras especialmente en Chocó y Bolívar, con el propósito de buscar aumentar sus recursos en aspectos como la minería ilegal. Especialmente, se dedican a atentados contra estructura petrolera, que llevaron incluso a que la multinacional canadiense Braeval Mining devolviera los títulos mineros tras el secuestro de varios de sus funcionarios.

No obstante, para la Fundación, el ELN se ha volcado a un trabajo más político que se evidencia también en las alianzas o en la “coordinación militar” con las Farc para “recomponer su relación con la población civil y el trabajo de masas con miras a promover la participación ciudadana con el propósito de generar un ambiente favorable en torno al proceso de paz y la implementación de los acuerdos que se puedan alcanzar en el mismo”.

Según el informe, los acercamientos entre el Gobierno nacional y el ELN se vienen dando hace un año y dado que el fin del secuestro se ha entendido con un acto de voluntad, esa guerrilla empezará a buscar rentas nuevas en extorsiones en Arauca, Norte de Santander y Nariño; con la minería ilegal en el Sur de Bolívar, Chocó, Nariño y Cauca y con amenazas a multinacionales.

Aún así, la Fundación Paz y Reconciliación revela cuales serían los ejes temáticos que versarían en una agenda de negociación entre el ELN y el Gobierno nacional, diálogo que también se adelantaría sin que se declare un cese el fuego.

Se trata de temas generales como las garantías de movilización, el reconocimiento del delito político, la responsabilidad del Estado en el fenómeno paramilitar, la educación, la salud, las reformas laborales, la defensa de los recursos naturales, una reforma a la política minera y energética que consideran “es un mecanismo para el saqueo del país por parte de las grandes empresas, sin ningún control del Estado, sin generar ingresos reales a la Nación, manejando políticas laborales injustas, y además realizada de manera insostenible, afectando gravemente a la naturaleza”.

De acuerdo con el informe, uno de los puntos de la eventual agenda sería además una reforma del Estado y a la Justicia, así como las garantías para la participación política.

Ahora, el mecanismo a utilizar sería una Convención Nacional donde confluyan actores sociales y políticos del país, para definir la ruta de salida a los puntos centrales. Esta herramienta iría de la mano con un Consejo Nacional de Paz.

LAS BACRIM, UN RETO DISTINTO Y MAYOR

Un panorama distinto es el que ofrece la situación actual de las bacrim, pues a pesar de haber perdido sus principales cabezas a manos de la Policía y las Fuerzas Militares, los constantes relevos no han debilitado del todo a las organizaciones internas.

Todo lo contrario. Según la Fundación, es absolutamente necesario empezar a afectar el control y acceso que tienen estas estructuras a los activos que fueron acumulados en el pasado por las Autodefensas (de donde vinieron sus principales líderes), a fin de disminuir su capacidad de actuar.

Se trata de las rentas de apuestas, de la administración de recursos públicos incluso por vía de colaboradores en el Estado y acceso a la contratación, así como por negocios como el contrabando, los cultivos ilícitos, entre otros, que se suman a su actividad actual como lo es la minería ilegal y el despliegue en las ciudades por el control del microtráfico, el tráfico de armas, de dinero y el contrabando.

De acuerdo con el informe las bacrim tienen presencia en, al menos, 409 municipios en 31 departamentos del país y contarían con cerca de 2.900 integrantes tan solo en las estructuras más grandes: Urabeños, Rastrojos y dos bandas disidentes del Erpac: el Bloque Meta y Libertadores del Vichada.

Su actividades en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Cali incluye distribución de panfletos, homicidios selectivos, desalojos forzados y extorsiones, al igual que acciones dirigidas a aterrorizar y amedrentar a quienes ejercen la labor de denuncia y reivindicación de los derechos de la población y promueven procesos de reparación integral y restitución de tierras.

Solo en Cali, la Policía ha encontrado a bandas conocidas como Los Ácidos, Anticristo, Los Topos y Yefri y las ha identificado como relacionadas Los Rastrojos. Estas, están enfrentadas a Los Buenaventureños, Los Parabólicos, Cinta Larga, Guacamayo y La Pradera que están asociadas a Los Urabeños.

A parte del desplazamiento, se evidencia además que las bacrim amenazan de forma sistemática a abogados, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y población Lgbti por medio de la intimidación a través de panfletos, seguimientos y asesinatos y hasta con desmembramientos.

Su accionar, dice la Fundación, es un como de un modelo exitoso de adaptación criminal que tiene un componente de inteligencia operacional, otro de regulación y control territorial y un tercero de gerencia y gestión jurídico-financiera.

El primero es el servicio de vigilancia en los barrios que hacen sus integrantes, indigentes o desde servicios como el bicitaxismo. El segundo, es el brazo armado y visible que ejecuta los cobros, y el tercero consiste en la administración tanto de los integrantes como de los negocios de narcotráfico internacional con carteles mexicanos.

Es por esta compleja estructura y por la creciente violación de los derechos humanos, que la Fundación alerta sobre el control de los activos que dejaron su integrantes que eran de las AUC, ya que estos no se entregaron en el proceso de Justicia y Paz. A esto se suma la necesidad de desmantelar las redes de infiltrados y penetrados dentro de la Policía, Ejército, Armada y órganos judiciales.

Esto, ya que según la Unidad de Bandas Criminales de la Fiscalía, de 208 investigados, 114 pertenecen a la Fuerza Pública, diez son concejales o aspirantes a concejos municipales, y siete son alcaldes o candidatos a ese cargo.

También se encuentran jueces, fiscales, asistentes, investigadores del CTI, exdetectives del DAS, secretarios judiciales, entre otros.