Dos hechos desalentadores para las víctimas del conflicto armado se presentaron esta semana: por un lado, se cayeron en el Congreso las 16 circunscripciones de paz; por el otro, se presentó un preocupante balance sobre la implementación de la Ley de Víctimas que deja, seis años después, apenas el 7% de las víctimas indemnizadas y un llamado de los organismos de control para actualizar el presupuesto necesario.
El balance fue presentado por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas, en una audiencia pública a la que acudieron representantes del Gobierno.
Este reporte dice que hay 79 mil familias esperando un subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y que otras 13 mil 211 familias tienen el subsidio, pero no les han entregado la vivienda certificada.
En entrevista con Colprensa, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, se refiere a este balance y a la implementación del proceso de paz.
¿Cuál es el balance que usted hace de la Ley de Víctimas?
Hay que reconocer que en algunos aspectos hemos avanzado bastante. Yo creo que en el tema de la participación nos hicimos muy visibles como mesas de víctimas, hemos sido protagonistas en muchos de los aspectos para la creación de políticas públicas que, de alguna manera, puedan ayudar a resarcir todo ese daño en casi 52 años de conflicto. Entonces, creo que el balance es positivo. Hemos hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Hemos tenido algunos momentos amargos como la caída de las 16 circunscripciones especiales, pero creo que, en líneas generales, nos ha ido bastante bien.
La Comisión de Seguimiento presenta un balance que parece un poco desalentador. ¿Cuál es su postura sobre la desfinanciación de la Ley?
El Ministerio de Hacienda, el viceministro concretamente hablaba (en la sesión) de 6.5 millones de víctimas y borraban más de 3 millones y, con esto, obviamente los recursos que presupuestan quedan muy inferiores a lo que se necesita. Es alarmante y preocupante porque si el ministerio no sabe cuántas víctimas hay en el país, obviamente el dinero que destinen no va a ser el que se necesita. Habían hecho un corte a julio de este año que decía que para indemnizar y cubrir muchos de los programas de víctimas se necesitaban 42 billones de pesos en total, hasta el 2021.
¿Cómo analiza que se haya indemnizado solo a un 7% de las víctimas?
Definitivamente el tema de indemnización es una de las vergüenzas del Gobierno porque igual no se ha cumplido con ese tema. Inclusive había una propuesta de decreto para aumentar y poner incluso otras condiciones para que las víctimas puedan acceder a la indemnización. Una de ellas era aumentar diez años la edad para priorizar la indemnización, es decir, pasarla de 70 a 80 años. Es decir, que cuando le quieran ir a pagar ya la gente va a estar muerta.
¿Qué otros temas específicos preocupan?
Lo de vivienda es alarmante. En estos momentos hay más de 100 mil carta cheques (para vivienda) en manos de víctimas del conflicto. El Ministerio de Vivienda sacó una propuesta de decreto para recoger 30 mil carta cheques y ¿qué pasa con el resto? Si tú lo miras no hay claridad ni la voluntad política para hacer una política pública de vivienda para las víctimas. Quien tiene la carta cheque no le dan más subsidios porque tiene la carta cheque, pero con la carta cheque tampoco le solucionan.
Creemos que Prosperidad Social y el Ministerio de trabajo no han creado una política seria de generación de ingresos, sino que se han dedicado a hacer programas sueltos que no han hecho un verdadero impacto para la economía de las víctimas como tal. Entonces también ahí hay debilidades grandes. Asimismo, en materia de educación, hay unos fondos incipientes que tienen una buena intención, pero no con los recursos necesarios para aumentar el mayor acceso de las víctimas a la educación superior.
Y así se puede seguir hablando de muchas otras áreas donde las víctimas creemos que sigue habiendo brechas de inequidad muy grandes.
La Defensoría habla de 204 líderes sociales muertos en los últimos 23 meses...
Y la Unidad Nacional de Protección y la Fuerza Pública siguen diciendo que no hay riesgo, que lo inventamos. Si eso fuera mentira esos 204 líderes sociales seguirían vivos.
De ese tema se habla mucho, ¿hay un cambio real en favor de las víctimas?
No pasa de ser retórica. Simplemente discursos, discursos y más discursos, pero en la realidad no se ve nada concreto para salvaguardar la dignidad de las víctimas. Te pongo mi caso. Yo he recibido este año unas siete amenazas, me hicieron una revaluación de esquema hace cuatro meses y a estas alturas la UNP no me ha contado qué paso con mi revaluación. Y eso que yo soy uno de los líderes visibles en el tema de víctimas. No me imagino qué le pasará a compañeros y compañeras que casi nadie conoce.
¿Hay algunas zonas más riesgosas?
Hay zonas más fuertes. En las áreas rurales y en municipios pequeños es más fácil que esté uno en riesgo porque estás más limitado en tu movimiento. En Bogotá te pierdes rápido entre la gente, pero en un pueblo con menos de 10 mil habitantes, en donde todos se conocen, si preguntan por ti, les dirán dónde estás. Ahí uno reconoce que hay departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, donde hay mayor riesgo.
Usted denunció que en la Fiscalía no les ponen atención si no son víctimas estrato siete, ¿por qué?
Hay personas en este país que tienen esquemas que superan los 200 escoltas, pero hay otras víctimas que no somos tan relevantes para los organismos de esta categoría. Yo ando a pie con el hombre de protección que me asignaron, nunca he tenido un vehículo de la UNP, siempre me ha tocado desplazarme con el hombre de protección, a veces hasta en buseta, y eso te da el comparativo de la diferenciación y la estratificación de las víctimas, que es una realidad así se quiera decir que no es cierto.
Usted indica que la Fiscalía no les presta atención a las denuncian que ponen. ¿De qué denuncias están hablando?
Por ejemplo, líderes y lideresas de la Mesa Nacional. Hay muchísimos casos de compañeros que denunciaron, pero no pasó nada, ni siquiera la Fiscalía escribió para decir que se archivó un caso. Absolutamente nada. Yo nunca he recibido ni siquiera una notificación.
PAZ
Se cayeron las circunscripciones de paz y usted dijo que ya ni le sorprendía, ¿por qué?
No me sorprende porque yo ese día veía cómo los senadores contrarios al proyecto, como si fuera el lanzamiento de un cohete, contaban: “5, 4, 3, 2, 1… ¡se hundió, se hundió!” Vociferaban, se alegraban y tocaban los escritorios, celebrando el hundimiento del proyecto de circunscripciones. Uno no entiende tanta crueldad de parte de ellos, que deberían ser los que más nos defendieran.
¿Qué podrían hacer como víctimas ahora para tener esa representación?
Yo creo que alcanzar la representación de las 16 curules ya no vamos a poder, porque si bien algunos partidos acusaron que con las circunscripciones solo iban a estar beneficiados los narcotraficantes, los guerrilleros y delincuentes, ya que de eso nos tildaron, yo creería que nosotros tenemos la oportunidad de despertarnos. Es hora de que las víctimas de alguna manera nos pongamos en un mayor acuerdo, no nos dejemos instrumentalizar por politiqueros y hagamos un ejercicio sano. Nosotros sí tenemos con qué, solo falta un empujoncito, y yo creo que este hundimiento del proyecto va a dar ese empujón.
¿Preocupa que en el debate se haya dicho que las curules eran para las Farc a través de terceros?
De todo hay en la viña del señor y uno va aprendiendo. Hay muchos lobos con piel de oveja que ya no nos van a engañar. Ya no seremos la caperucita que se deja engullir por el lobo feroz, porque lobos sí hay muchos, pero ya nosotros no somos tan tontos.
Y, de cara a la campaña, ¿no le preocupa que la desinformación se lleve por delante la implementación del Acuerdo de Paz?
Claro que nos preocupa. A partir de este momento las víctimas, que somos las que más podíamos defender nuestros escenarios, quedamos en medio de un mar de dudas y de incertidumbres. Nos preocupa enormemente. Yo creería, y no quiero generar malos agüeros, pero creo que este Gobierno, así como va, no va a ganarse la presidencia y frente a esto, uno no sabe qué planes traiga quien gane para el tema del Acuerdo, si lo va a seguir implementando. Está el salvavidas de la Corte de que aquí a 12 años no se puede eliminar (el acuerdo), pero el resto de las cosas, de cómo se implementaría, quedamos en un mar de incertidumbres.
¿Se siente desilusionado del Congreso?
Claro. Eran casi 50 proyectos de ley que se suponían que iban a pasar en el ‘Fast track’ y no llegamos ni a 15. Quedaron (por fuera) muchos temas que le interesaban a las víctimas. La Ley de participación jamás llegó, entre otros temas. Nos preocupa porque mucho de los temas que debieron abordarse, jamás se abordaron.
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