El escándalo del ‘Carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura es ya una novela. Mientras que esa Corporación está a dos debates de la Reforma a la Justicia en el Congreso de la República de desaparecer, internamente se vive un verdadero malestar por la intención de eliminarla, al que se suman las nuevas revelaciones sobre la forma en que se habría designado de forma irregular magistrados auxiliares, beneficiarios, luego, de millonarias pensiones.

El nuevo ‘round’ en la Judicatura dejó esta semana la renuncia de la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceta, quien tuvo que ingresar por urgencias a una clínica de Bogotá, y el aumento de la seguridad de María Mercedes López, la titular del despacho en donde trabajaba Aranceta y quien fuera la denunciante de las existencias de supuestas actas falsas mediante las que se habría favorecido el nombramiento de magistrados seccionales.

Aranceta renunció luego de que la secretaria general de la Judicatura, Yira Olarte, asegurara que supuestamente López habría presionado a Aranceta para que testificara en su contra ante la Fiscalía, donde cursa un proceso por ser la responsable de las actas.

Este nuevo capítulo de la novela empezó cuando el equipo que designó la magistrada López se dirigió a la secretaría de esa Corporación para investigar las actas de las sesiones de las Salas Plenas y encontró irregularidades que habrían favorecido la designación de seis magistrados seccionales.

Pero cuando su equipo de trabajo quiso ingresar de nuevo a la Secretaría, ya no lo pudo hacer. “Hubo muchos obstáculos para tener acceso a las actas oficiales que reposan en la Secretaría y a unas resoluciones que no nos permitieron tener algún tipo de acceso”, señaló López.

Así, sólo se documentó seis casos irregulares de las 30 actas que alcanzaron a analizar y que fueron las que se denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se teme que puedan ser más en donde habría quedado consignada la designación de magistrados en reemplazo de los salientes, cuando, en realidad, dicha selección no se habría discutido en Sala.

No obstante, Olarte tiene sus argumentos. La mujer asevera que cometió errores de transcripción en las actas y aseveró que la documentación detalla que López asistió a las reuniones en que se designó a algunos de esos magistrados cuestionados. Es más, insinuó que no entiende por qué hasta ahora se viene López a dar cuenta del error si los magistrados tienen que aprobar un borrador del acta.

Además, puso sobre la mesa un hecho que será objeto de estudio por parte de las autoridades. Según dijo, una cosa son las actas que reflejan lo que ocurre en salas y otra, son los actos administrativos por medio de los cuales se ejecutan las decisiones tomadas, en este, caso las posesiones de los magistrados.

Lo cierto es que la denuncia de López fue la última y decisiva para que se hiciera un acuerdo de eliminar por completo el Consejo Superior, a través de la Reforma a la Justicia, y así se pactó entre el Gobierno y los presidentes del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Javier Zapata.

Y fue precisamente ese acuerdo el que causó más indignación entre los trabajadores de la Judicatura y su propio presidente, magistrado Ricardo Monroy Church, pues a las reuniones citadas no fueron siquiera invitados.

Desde que se llegó a este acuerdo, Monroy permanece de reunión en reunión y ha preferido el silencio ante los medios. No se han callado, en cambio, los presidentes de las dos salas que conforman la Judicatura.

No lo hizo muy bien el presidente de la Sala Disciplinaria, Angelino Lizcano, que sobre las actas falsas dijo que no eran responsabilidad de los magistrados sino de la Secretaría. Este pronunciamiento, que de fondo podría ser cierto, no obstante, no hizo sino bajarle puntos ante la opinión pública.

Por su parte, Néstor Correa, presidente de la Sala Administrativa, lamentó que el ‘Carrusel de pensiones’ les haya dado el puntillazo final cuando se estaban produciendo avances en materia de descongestión de procesos.
 
De fondo
Al Consejo Superior se le cuestiona, además de su operatividad, el origen político de los magistrados que la componen y el hecho de que, según el Gobierno, desde su creación, en 1991, no ha funcionado bien.

También se ha cuestionado el manejo del presupuesto, el plan de descongestión de la Rama y supuestos costos elevados en la construcción de algunos palacios de justicia, como el recién inaugurado en Manizales. Mientras que todavía en los complejos judiciales se ve serias deficiencias tecnológicas en las salas de audiencias. Esto, sin contar temas como el acceso a los recintos, en especial a personas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ha reiterado que la intención de eliminar la Judicatura no tiene que ver con el escándalo actual, sino con que no se han cumplido los objetivos de forma tal que, a su juicio, su eliminación se trata de un “clamor generalizado”.

No obstante, para los empleados de la Judicatura se trata de una medida extrema provocada por el reciente escándalo y de un exceso por parte del Congreso, ya que, como su origen es la Asamblea Nacional Constituyente, no podrían ser eliminados mediante acto legislativo.

“El Consejo Superior de la Judicatura forma parte de la estructura del Estado Social de Derecho Colombiano, y su eliminación implicaría la sustitución de la Carta Política, como bien lo expresó el fiscal general Eduardo Montealegre en su intervención durante la primera legislatura en el debate a la actualmente llamada Reforma a la Justicia, refiriéndose a los límites materiales del Congreso para la reforma a la Constitución, que quedaron definitivamente concretados en la Sentencia de la Corte Constitucional sobre el referendo, de tal manera que la fórmula política no puede ser modificada por Acto Legislativo, sino por Asamblea Nacional Constituyente”.

Esta declaración es de los magistrados de las seccionales del Consejo Superior quienes, además, se preguntaron qué va a ocurrir con las personas que accedieron a cargos en la Corporación mediante concurso de méritos, la estigmatización del personal y el supuesto retroceso en el mecanismo adoptado en la Reforma a la Justicia.

ASÍ QUEDARÍA
Lo cierto es que con la eliminación del Consejo Superior ahora sus funciones quedarían distribuidas en el Consejo Nacional de Administración Judicial y el Consejo Nacional de Disciplina Judicial. Lo curioso es que, en términos generales, ambas estructuras creadas hacen las mismas funciones de las ya existentes.

El primero tendría tres niveles. Una sala de Gobierno Judicial integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como delegados de los jueces, magistrados y empleados de la Rama Judicial. Será una especie de Junta Directiva dedicada a trazar políticas y elaborar los proyectos de presupuesto y de Plan de Desarrollo de la Rama. Además, asistirán, con voz pero sin voto, los ministros de Justicia y Hacienda y el Fiscal General de la Nación.  

Igualmente, habrá una sala Ejecutiva de Administración que será integrada por los delegados permanentes que designen la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado durante períodos indeterminados. Serán funcionarios de libre nombramiento y remoción. Y, en tercer lugar, un director de la Rama.

En cuanto al lado disciplinario, el Consejo tendrá nueve miembros, que serán elegidos por el Congreso de la República de entre las ternas que presenten la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.