En un comunicado a la opinión pública, Ricaurte aclara que al preso que interpuso la tutela (que lleva detenido tres meses) se le entregó una cobija, una sábana y un kit de aseo, como lo había pedido. “Por déficit presupuestal no fue posible hacerle entrega de la colchoneta el mismo día, pero se le entregó el 4 de febrero de 2013”. 

El oficial aclaró que el Inpec brinda esos elementos a la población reclusa con mayores problemas económicos. “Para hacerle entrega a la totalidad de los internos se requiere 26.648 millones de pesos para el 2013”, asegura. 

Ricaurte también confirmó que una vez fue notificada la providencia, no han ingresado internos a dicho centro de reclusión. 

En lo relacionado con el supuesto cierre de La Modelo por la presencia de fosas comunes, Ricaurte destaca que las consideraciones del fallo de tutela están soportadas en los libros ‘Modelando en el infierno’ y ‘Penas y cadenas’, de Alfredo Molano, editados el 14 de septiembre de 2010 y el 10 de marzo de 2004, respectivamente, es decir, en “años anteriores” a su nombramiento como director de Inpec. 

Hacinamiento

Advierte que el hacinamiento que se padece en las cárceles y penitenciarías del país es un hecho ampliamente conocido por la opinión pública, que ha sido divulgado por él a través de los medios de comunicación desde cuando esa situación se hizo más gravosa con la Ley 1453 de 2011 de Seguridad Ciudadana, que “ha generado el ingreso en promedio mensual de 3.000 internos a las cárceles”. 

Ricaurte recuerda que la población carcelaria del país para el año 2012 fue de 114.000 internos, cifra que estaba proyectada para el 2022. 

“Se requeriría construir mensualmente un establecimiento carcelario para 3.500 internos con un costo aproximado de 100 mil millones de pesos, para atender la demanda de cupos carcelarios que requiere el sistema carcelario y penitenciario para no presentar el fenómeno del hacinamiento”, asegura. 

Y agrega que, además de lo anterior, “es necesaria la ampliación de la planta de personal de guardia y administrativa e incremento de las partidas presupuestales para atender apropiadamente a la población carcelaria”. 

El hacinamiento carcelario, para Ricaurte, también tiene su origen en el Código Penal (Ley 599 de 2000), que ha sido modificado desde su expedición en 36 oportunidades, en su gran mayoría imponiendo medidas de detención 
intramural. 

Así mismo, sostiene que las reformas a la Ley 906 de 2004, en cuanto a la disminución de subrogados penales o de aumento en requisitos para las medidas sustitutivas de detención o prisión intramural, se han llevado a cabo sin tener en cuenta una política penitenciaria clara, como aumento de cupo carcelario, infraestructura, y disponibilidad presupuestal. 

Para Ricaurte, las situaciones fácticas demuestran que el de las cárceles es un problema de Estado. “(…) Consideramos que si es un problema estructural del Estado, deben participar activamente para su solución todos los sectores y las entidades competentes. No únicamente el Inpec”. 

En todo caso, informa que desde la sentencia T-153 de 1998, el Inpec ha realizado esfuerzos por ampliar los cupos (Plan Colonias: 6.000 cupos; Plan Ampliación: 18.000; Plan SPC: 36.000. Para un total de 60.000 cupos).