El largo proceso judicial por este caso en contra de los uniformados adscritos a unidades de contraguerrilla llevó a una condena en agosto de 2006 por el delito de peculado por apropiación por un juez militar. No obstante, el Tribunal Superior anuló este proceso en el 2007. Luego, el mismo Tribunal en julio de 2014 confirmó parcialmente la sentencia inicial a 96 uniformados por penas que van entre los 48 y los 52 meses de prisión. 

El caso fue llevado a la Corte en sede de casación por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y los defensores de algunos de los procesados al estimar que hubo yerros por parte del Tribunal a la hora de proferir la sentencia. 

La Sala Penal aceptó algunas de estas demandas para estudio y algunas otras las denegó, por lo que quedaron en firme. La clave de este asunto es que la Corte se pronunciará sobre una presunta irregularidad que podría implicar que todo el proceso se caiga. 

La Corte establecerá si estuvo bien por parte de la Fiscalía tipificar la conducta cometida por los militares como peculado por apropiación o no, tal y como alegan las demandas. Actualmente los implicados en este caso están en libertad condicional.