Por casos como el mencionado, entre muchas quejas, es que la Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas que garanticen la prestación de servicios de salud a pacientes no Covid-19 a nivel nacional.

En una carta dirigida al superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, el ente de control alertó sobre el aumento de las quejas interpuestas por retrasos en las autorizaciones, demoras injustificadas en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en la asignación de citas médicas para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer, entre otras.

Sin embargo, de acuerdo con algunas EPS la atención a pacientes se realiza de acuerdo con las directrices fijadas por el Gobierno nacional en la resolución 521 del 28 de marzo de 220, en donde se estipula la atención ambulatoria durante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el Ministerio Público señaló que la estrategia de salud adoptada para afrontar la pandemia generada por el virus no debe ser excusa para la desatención de pacientes con otras patologías, que podrían convertirse en las principales razones de mortalidad en población de especial protección, como adultos mayores y/o menores de edad, y reiteró, que no se puede permitir que los derechos a la vida y salud de los ciudadanos con enfermedades crónicas sean vulnerados.

Así mismo, solicitó que de manera urgente se adelante un plan de seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud-Eapb-, que permita analizar y verificar las autorizaciones emitidas, departamento, patologías y citas por especialista; número de quejas y plazos perentorios para la resolución de las inconformidades, y el seguimiento a la entrega de medicamentos a domicilio.

Dato

Según las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, se han entregado 9.4 millones de medicamentos en puntos fijos.