Hoy más que nunca, se puede ver a los gobernantes departamentales y locales haciendo “lobby” en las diferentes reparticiones oficiales en la capital de la República en procura de orientación para canalizar recursos hacia sus regiones, como paso indispensable para factibilizar cualquiera de sus programas de acción, todo en razón a que la Nación, en contravía del artículo 360 inciso 3° de la Carta Constitucional de 1991, privó a los departamentos y municipios de las regalías sobre las cuales tenían autonomía plena, como una acción más de las muchas que se han implementado para acentuar la centralización a ultranza del país, prevaliéndose de una razón, si bien irrefutable, fácilmente evitable mediante la aplicación de los debidos controles: “Los recursos provenientes de ellas los estaban malversando o se los estaban robando en la provincia”.

Como si en manos de los poderes centrales los dineros públicos no se malgastaran o desviaran hacia nefandos intereses, de lo cual abundan los ejemplos que todo el país conoce, como nos lo ilustran a diario los medios masivos de comunicación.

Solapada manera de desvirtuar la concepción descentralizadora de la vigente Constitución Política, mediante la que sus redactores pretendieron atemperar la rígida concepción centralista de la de 1886, que antes regía, promoviendo la autonomía de las diferentes reparticiones que conforman la geografía patria, en busca de la conciliación de dos tendencias que han sido antagónicas en el tiempo, antes que volver al antiguo debate entre centralistas y federalistas sobre el que nuestros partidos tradicionales basaron su ideología en el siglo XVIII, apenas en los albores de la independencia, dando origen a los más cruentos enfrentamientos civiles, como los acaecidos entre 1812 y 1816, durante el período bautizado en la historia como ‘La Patria Boba’, que solo vino a finalizar cuando los dos bandos acordaron unificar fuerzas contra el común enemigo español.

Debate que renació poco tiempo después, durante la efímera existencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, de carácter marcadamente federalista, y sentimiento que aún se conserva latente en gran parte del alma nacional.

Tan inefable medida politiquera debe cesar, pues como antes señalamos, no puede el Gobierno impunemente tornar inocuo el pensamiento político del constituyente del 91 y el de unas mayorías que quisieron devolver la capacidad decisoria a los departamentos y municipios, con miras a obtener la satisfacción de sus verdaderas necesidades por sobre el omnímodo poder de la gélida capital en los criterios de asignación del presupuesto nacional, generador, como el que más, de desequilibrio e inequidad y culpable sin duda del progreso “inarmónico” que hoy presenta el país, al invocar la idea de una provincia irresponsable, orientada por funcionarios ídem a través de una estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública, que equipara a los ciudadanos de las regiones con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propios rumbos.

La típica “venta del sofá” para evitar la infidelidad que se escenifica en ese mueble, antes que ir a las causas de la malversación o la apropiación indebida de los recursos y combatirlas, poniendo de esta forma en evidencia como los entes de vigilancia y control no cumplen con su tarea, la justicia es poco eficaz frente a estos casos y nuestro imperfecto sistema democrático carece de mecanismos de defensa idóneos contra la generalizada corrupción que lo permea.

Entre tanto, grandes grupos humanos secularmente empobrecidos cual “estirpes condenadas a cien años de soledad”, deben seguir aplazando su integración a la vida económica del país, padeciendo atraso y falta de inversión, “en espera de una segunda oportunidad sobre la tierra”, mientras que la ley diseñada por la perversa sagacidad de un gobernante centralista, les exige y demanda sofisticados estudios y costosos proyectos para justificar cualquier inversión.