Dicha posición es coherente con sus condiciones de juristas, sin embargo, es preocupante que al mismo tiempo se esté planteando la posibilidad de que al acatar el fallo se abra una ventana al despojo internacional de nuestro territorio.

Me preocupa que existan voces en Colombia que estén dispuestos a entregar una parte de nuestro territorio sin ni siquiera plantearse alternativas de lucha y resistencias a lo que puede considerarse como el primer zarpazo a nuestro país en el siglo veintiuno.

Razones jurídicas podrán tener, pero no razones de patria. ¿No es al fin y al cabo la jurisprudencia una institución que intenta proteger los intereses de una sociedad?

A la fecha, está demostrado que los intereses que aquí se están tutelando no son otros que los de las grandes multinacionales energéticas que desean a toda costa explotar el petróleo de una de las reservas más importantes de la biosfera.

Y aunque la política internacional es una política de Estado, es la Nación la que determina la legitimidad de dicho Estado y por ende sus políticas. Cuando el Estado falla, la Nación está en todo su derecho de revisar los principios sobre los que se ha edificado éste.

Como ciudadano colombiano me declaro en franca desobediencia y en absoluta resistencia nacionalista frente al fallo de la CIJ e invito a que todos en Colombia entiendan que esta situación es más delicada de lo que algunos quieren hacer ver.

Y lo hago porque también creo que es importante que como ciudadanos del mundo entendamos que lo que está en juego no es el futuro de unos cuantos pescadores, sino que en el trasfondo está el futuro de un frágil ecosistema que no resistiría el embate de la depredación corporativista mundial. Si Colombia hubiera licitado la exploración de petróleo no habríamos perdido.

Como no estoy de acuerdo con lo actuado por el Estado colombiano y los gobiernos de turno, la resistencia nacional es la única forma que se me ocurre para decirles que además de fallarnos a los colombianos en general, le fallaron a una comunidad raizal que creyó en su momento que el Estado colombiano podía defender sus intereses.

Si la institucionalidad desprotege la Nación, si el Estado no cumple con estas obligaciones, si se ocultan los hechos, lo único que nos queda como ciudadanos es resistirnos.

Finalmente, ¿nadie va a responder políticamente por este fallo? Pareciera que uno de los mayores fracasos de la cancillería se va a diluir en el mar del “cuando llegue ya no había nada que hacer”.

Este capítulo en la historia de la diplomacia en Colombia debiera servirle al país para evaluar la política de la cancillería, sus protocolos y representantes. Y si es del caso cambiarlos.