Reflexiones electorales

Por inesperadas vías se ha pretendido de antemano cuestionar la labor institucional de la Registraduría, alertando, sin pruebas, sobre un fraude electoral. Desconocer de antemano el resultado puede tener imprevisibles consecuencias no solamente para la estabilidad del sistema democrático sino hasta en el orden público, como ocurrió en el pasado.

En 1970, los partidarios del General Rojas Pinilla -quien para algunos fue el vencedor- desconocieron el resultado que favoreció al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana.
Fue el origen del M-19, que surgió desde un sector de la Anapo, bajo el lema de “con las armas, con el pueblo, con María Eugenia al poder”, con las secuelas, incluida la tragedia del Palacio de Justicia, que el país conoce suficientemente.

Y en cuanto a las ‘consultas’, surgieron como una escogencia interna entre sus militantes y no como una especie de tercera vuelta presidencial. El antecedente más remoto fue el consenso de San Carlos en 1978, cuando los precandidatos liberales Julio César Turbay y Carlos Lleras acordaron –para evitar la división– que quien en las parlamentarias sacara mayor votación sería el candidato.

Para reincorporarse al oficialismo liberal en la Convención de 1988 en Cartagena, el disidente, Luis Carlos Galán, exigió que el candidato único liberal no se escogiera en convenciones –muchas veces amañadas– sino democráticamente por sus militantes.

Desde entonces fueron abiertas y fuerzas distintas a la de los militantes metieron mano a las consultas, como ocurrió cuando, muerto Galán, en la primera elección, buena parte del Partido Conservador decidió intervenir en la candidatura de César Gaviria, quien lo creyera, lanzado por Juan Manuel Galán a sus tiernos diecisiete años –a quien hoy no apoya–.

Hoy ya desnaturalizadas las ‘consultas’ no son para definir el candidato de un partido sino de una ‘coalición’ en la que los hay de todos los orígenes, trayectorias, posturas políticas o ideológicas.
Por eso no va a ser fácil para el votante saber si está votando por la izquierda, el centro o la derecha, porque ante la ausencia de partidos, en el fondo están decidiendo por personas. Lo mismo ocurre con el Congreso, donde se dan las más extrañas alianzas, cambios de sigla de última hora, y prácticamente, sin un hilo ideológico y programático en las listas.

La Revista Cambio trae un interesante estudio que demuestra que en casi todos los ‘partidos’ aparecen familiares de personas condenadas por graves delitos: corrupción, compra de votos, parapolítica y hasta concusión y cohecho, heredando sus estructuras electorales. Y hay que decirlo, casi en todas las listas hay candidatos sin tacha por los que se puede votar. Sin que suene antipático, y solo a manera de ejemplo, se pueden citar algunos nombres, en Senado: David Luna, de Cambio Radical, es un político de trayectoria con visión moderna de país; en el Nuevo Liberalismo hay llamativas figuras como Mabel Lara, Sandra Borda o el tolimense Guillermo Pérez, periodista e intelectual, perteneciente en mi departamento a la vieja guardia galanista; o Ana Paola Agudelo del Mira, y por los lados de la izquierda, Aida Avella –sobreviviente de la violencia paramilitar– o María José Pizarro destacada parlamentaria, o Jaime Durán en el liberalismo oficialista y, en el Partido Verde, Antonio Sanguino.
También a título enunciativo en los aspirantes a la Cámara, encontramos personas como Gabriel Cifuentes, académico y funcionario con peso específico o, en el Centro Democrático por Bogotá, Gabriel Santos o por Antioquia, Margarita Restrepo, quienes desde su orilla ideológica han dado batallas importantes. Ojalá en el futuro no tengamos que hablar de nombres sino de partidos.