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En el cañón del río Duda, en el Meta, donde según el mandatario se están llevando a cabo los combates, se fortaleció la entonces poderosa guerrilla de las Farc, que si bien nunca estuvo en posibilidad real de tomarse el poder por la vía de las armas, sí puso en jaque al Estado con su accionar criminal.
El proceso de paz de La Habana, con todo y sus imperfecciones, logró desarmar el grueso de esa organización guerrillera. Lamentablemente, el Estado no ‘copó’ inmediatamente las zonas que dejaba la guerrilla y hoy, según informaciones no confirmadas, hay por lo menos veinte mil hombres armados, entre elenos, las llamadas disidencias de las Farc, el clan del golfo –siniestra alianza entre reductos paramilitares y narcotraficantes–, la mayoría de ellos sin objetivos políticos claros y alimentados, eso sí, por los dineros del tráfico de drogas y la minería ilegal.
Pero los combates en el cañón del río Duda no son el único factor que nos hace volver al pasado. Hoy –y no solamente en lo que va corrido de este gobierno– encontramos partes del territorio que están fuera del control de la Fuerza Pública, en donde bandas de todos los pelambres hacen de las suyas e intimidan, desplazan y asesinan a la población civil inerme. Casi a nadie le importó que un francotirador en el Catatumbo asesinara al mayor Edison Andrés González, comandante de la Policía en El Tarra.
Pero hay un hecho igualmente grave que, en medio de la avalancha de noticias sobre narcos, paras, reales o supuestos guerrilleros, deterioro del orden público, “cercos humanitarios” en que se humilla a policías y soldados, hechos de corrupción que ya no generan consecuencias como en el pasado, volteretas y más volteretas de los políticos, extrañamente pasa desapercibido: la crisis de la seguridad ciudadana.
Basta leer periódicos o revisar noticias en radio, televisión o redes sociales, para comprobar a diario todo lo que pasa en este país al que el presidente Petro quiere convertir en “potencia mundial de la vida”: personas –muchas veces jóvenes y adolescentes– a quienes se les quita la vida por robarles un celular, una bicicleta, una moto y hasta por unos tenis; mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, en un auge de los feminicidios; asaltos a residencias en la ciudad y el campo; los frecuentes casos de violencia sexual –muchas veces seguidos de muerte– contra niños, niñas y adolescentes, entre muchas otras expresiones de la delincuencia común que afectan la población.
Nada más en el último fin de semana los medios registraron tres casos espeluznantes: una mujer embarazada es asesinada al salir de la cárcel Modelo en Bogotá después de visitar a su pareja; una joven mujer es igualmente asesinada por su ex pareja en el centro comercial Unicentro de la capital de la República; y, ¡¡¡un hombre es asesinado por robarle unos tallos de cilantro!!!
El orden público y la seguridad ciudadana van a ser, sin duda, temas esenciales en las campañas que se avecinan, tanto las regionales como las de Congreso y la Presidencial. El tema de la seguridad debe abordarse integralmente, empezando por la prevención, lo que lleva a ocuparse del componente social. El Estado debe revisar seriamente su política criminal y no seguir condicionándola a factores de coyuntura. Claro que hay que avanzar en las reformas sociales que deben apuntar a combatir las desigualdades, pero sin descuidar el orden público y la seguridad ciudadana que no son necesariamente banderas de la derecha, sino que deberían serlo de fuerzas progresistas, por ejemplo, del liberalismo cuando resucite…
Para la seguridad ciudadana es una buena noticia la llegada del general William René Salamanca a la Dirección de la Policía Nacional. Se trata de un curtido oficial con una clara concepción de lo que debe ser hoy el papel de la Policía, y un servidor comprometido con la defensa de las libertades públicas y los valores democráticos de la Nación.
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