Hace 100 años, en plena hegemonía conservadora, se posesionó como presidente el general Pedro Nel Ospina, elegido en medio de alegaciones del liberalismo por fraude contra su candidato Benjamín Herrera.

Con razón suele decirse que el grado de civilización y el compromiso con una democracia real en una sociedad se mide por la forma como trata a sus maestros, policías y jueces.

Hace unos días, en el Metropolitan Club, en la honrosa compañía de la politóloga Lariza Pizano y del periodista y profesor Juan Guillermo Ríos, fui invitado a la presentación de la segunda parte del libro “La Voz del Poder”, publicado por RTVC Sistema de Medios Públicos.

Hoy comienza un Congreso que puede ser distinto al de los últimos años y, respecto del cual, muchos colombianos esperan que sea motor de los cambios tantas veces aplazados. Es verdad que se dan situaciones novedosas. En el Senado la fuerza mayoritaria es del Pacto Histórico -con sus 20 senadores- soporte político del nuevo presidente que tuvo en campaña un discurso socialdemócrata; que es el primer ex guerrillero en llegar al poder y que, al acogerse al proceso de paz de Barco, se incorporó sin esguinces a la vida civil hace más de 30 años.  

Cursaba quinto año de bachillerato en el colegio Manuel Murillo Toro de Chaparral, y justo el 13 de julio de 1965, cuando se anunciaba la muerte del expresidente conservador Laureano Gómez, terminaba la lectura que me había recomendado un profesor tumaqueño de historia, que marcó mi adolescencia: La violencia en Colombia.

Por todo lo que está pasando alrededor de la instalación del nuevo gobierno –tal vez no el primero de izquierda como lo han demostrado Alberto Casas y Óscar Alarcón– ha vuelto a hablarse con insistencia del concepto de ‘gobernabilidad’ o ‘gobernanza’ entendido en términos generales como los presupuestos políticos –habría que agregar también los sociales– que le permiten a un Jefe de Estado –llámese Presidente o Primer Ministro– manejar sin tantos sobresaltos la nave del Estado y cumplir con un plan de gobierno.

Ha terminado esta accidentada, larga y, en cierta forma, atípica campaña electoral. De ella hay muchas cosas para no repetir: la pugnacidad, la ausencia de confrontación sobre programas, los súbitos cambios de roles en los actores políticos, la utilización del miedo como estimulante, el exceso de debates centrados en ataques personales, la falta de control sobre los gastos, la utilización de las consultas internas en los partidos como una anticipada primera vuelta, el involucramiento indebido en la vida personal y familiar de los candidatos, las noticias falsas difundidas por las redes sociales, entre otras.

Esta tediosa carrera por la Presidencia de la República ha puesto de manifiesto una serie de factores que en los últimos años han degradado hasta niveles impensables el nivel de la controversia política.