Una investigación de garaje

Alfonso Reyes Alvarado

Son varios los estudios que han mostrado, de manera recurrente, la correlación que existe entre invertir en investigación y el desarrollo económico de los países. Sin embargo, y luego de varias promesas en diferentes gobiernos y de la transformación de Colciencias en el actual ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión que hace Colombia en investigación nunca ha superado el 0,7 % del PIB, mientras que los países miembros de la OECD destinan en promedio el 4%. Los únicos momentos en que el país destinó recursos importantes para esta actividad fueron aquellos en los que contó con préstamos del BID.
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A pesar de la precariedad de estos recursos un grupo de universidades ha ido desarrollando una muy buena capacidad de investigación. El número de productos académicos, patentes y registros de diseño ha ido creciendo geométricamente desde comienzos de siglo. El sistema nacional de acreditación de calidad ha sido un mecanismo efectivo para que cada vez más universidades complementen sus actividades de docencia y extensión con proyectos de investigación. Así mismo, los rankings internacionales exigen estos indicadores para ascender en estas listas.

Los recursos de regalías han permitido financiar un buen número de estos proyectos en las regiones y es justamente allí en donde más se nota su impacto en el desarrollo local. En columnas anteriores se han mencionado varios ejemplos para el caso del Tolima, como el impulso de un sistema de acuaponía que sustituya las prácticas tradicionales del cultivo de peces en estanques, que es altamente contaminante, o el desarrollo de una industria de filamentos para impresoras 3D a partir de la cascarilla del arroz.

El impulso de estos proyectos de investigación se sustenta en la formación de un talento humano muy bien capacitado a nivel de maestría y de doctorado. En Colombia, la mayoría de las personas con doctorado trabaja en las universidades. De un total aproximado de 160.000 profesores(as), 13.800 tienen un título de doctorado (el CC%). Sin embargo, este número de profesores es muy bajo en comparación con otros países de la región.

En Colombia existen cerca de 300 programas de doctorado en universidades públicas y privadas. Todas tienen la trayectoria, capacidad, recursos y entrenamiento adecuados para formar investigadores autónomos al nivel doctoral. Son las universidades, en donde se combina la investigación con la formación, el lugar natural para que se desarrollen estos programas de doctorado.

Por otra parte, existe también una red de institutos y centros de investigación muy diversos, tanto en tamaño como en calidad. Unos pocos cuentan con buenos investigadores y han desarrollado un alto prestigio y credibilidad en su campo de acción. Ninguno de ellos, sin embargo, está preparado para formar doctores, entre otras razones porque quien está formado para investigar, aun siendo bueno en su labor, no está necesariamente preparado para formar investigadores autónomos.

Por estas razones es muy desafortunada la sanción por parte del presidente de la Ley 2142 del 10 de agosto de 2021, mediante la cual se autoriza a los institutos y centros de investigación a ofrecer programas de maestría y doctorado. Así como ocurrió cuando se facilitó la posibilidad de crear universidades y nos tomó cerca de 25 años diferenciar las de buena calidad con un sistema nacional de acreditación, esta Ley propiciará la creación de centros cuyo único interés es obtener ganancias a partir de una oferta de programas de maestría y doctorado de dudosa calidad: una investigación de garaje.

ALFONSO REYES ALVARADO

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