Más y menos

Colombia padeció los narcocarteles más grandes del mundo cuya capacidad de penetración produjo una subcultura mafiosa que no desaparece. Los nombres de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha daban la vuelta al planeta, como dejando constancia de que manejaban un país con instituciones de papel. Se hizo necesario relegitimarlas.
PUBLICIDAD

Un documento del sector privado del Tolima, fechado en 1987, en el cual se pedía la convocatoria de una Asamblea Constituyente, anotó que “el dinero fácil, el latrocinio, la bonanza subterránea, la inmoralidad que ha llegado hasta muy altos círculos, comenzaron a crecer en forma tal, que contaminaron diversos sectores de todos los niveles y han llegado a colocar al país al borde del abismo”. El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta se proyectó sobre toda nuestra geografía y logró convertirse en el protagonista de un cambio que, sin embargo, ha venido siendo neutralizado paulatinamente.

Los constituyentes cumplieron su compromiso. Los ciudadanos también. Los gobiernos no: casi todos le volvieron la espalda a la nueva Carta Política. El país lleva 30 años viendo como sus gobiernos promueven contrarreformas a la Constitución del 91, no solo con la complicidad del Congreso de la República sino con la de la Corte Constitucional. Han sido tres décadas de recentralización, de represidencialización, de reclientelización. Hubo avances importantes en el tema de los derechos, pero las demás innovaciones de la Carta se quedaron escritas. Y se incrementaron la corrupción, la impunidad y la violencia.

En medio de presiones externas el país hizo un esfuerzo descomunal para acabar con los macrocarteles y con sus cabecillas. Preparó a la fuerza pública para evitar su resurgimiento. Pero el negocio también aprendió la lección. Después vinieron múltiples microcarteles que se mimetizaron con su medio. A diferencia de los cabecillas del pasado, que llegaron hasta el punto de declarar la guerra a las instituciones, estos micros no solo no las enfrentan, sino que procuran aproximarse a ellas y cooptar a los sectores comunales que se mueven en su área de influencia. Sus protagonistas no se ven, pero el tamaño del negocio sigue en aumento.

El problema se enquista en la vida diaria, pero los gobiernos no parecen ser conscientes de él. El Ministro de Defensa ha llegado a expresar alarma porque el narcotráfico se está tomando a Venezuela. Es muy probable que así sea. Pero la prioridad es Colombia: aquella Colombia profunda donde nunca ha habido Estado, pero también esta Colombia urbana en donde hay instituciones, aunque paradójicamente, tampoco haya Estado. Buenaventura es el más dramático ejemplo. Su Obispo Rubén Jaramillo se ha permitido denunciar las condiciones de su peligrosísimo entorno. En otros lugares se están registrando amenazas semejantes.

El país es prisionero del pasado. Sus más sentidos problemas se ignoran o se disuelven en la impericia política que rodea al alto gobierno. Incluso en la insuficiencia de quienes los consideran resultado de un complot internacional, como si no tuviéramos nuestras propias carencias. Con razón dijo alguien recientemente, que sería preferible dejar de mirar tanto hacia Venezuela, país al cual cada día nos parecemos más, y dirigir la vista hacia los Estados Unidos, país al cual cada día nos parecemos menos.

AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

Comentarios