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Primero, según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor –IPC-, publicada por el Dane, esta mostró una variación, en promedio nacional, en la tarifa del servicio de electricidad, para agosto de 2022 del 25,9%, donde hay ciudades que marcan una tendencia al alza bastante preocupante y muy por encima de dicho promedio, por ejemplo, Santa Marta con el 49,94%, Riohacha el 47,09% y Barranquilla el 44,42%.
Ibagué, tuvo una variación del 23,44%, que si bien está alrededor de 2 puntos y medio por debajo del nacional, es un incremento bastante alto por las condiciones socioeconómicas de la ciudad. Ibagué Cómo Vamos lo escribió en su cuenta de Twitter el pasado miércoles, asegurando, con toda razón, que el impacto (del alza) “es más crítico en una ciudad como Ibagué, donde los hogares tienen un ingreso medio de $785.573 (año 2021) menor en un 18,1 puntos porcentuales al promedio de las 13 ciudades y A.M”. Este panorama, negativo por demás, no puede ser, de ninguna manera, considerado un logro, pues el hecho que “el alza” sea inferior al promedio nacional, no deja de ser contraproducente para la ciudad, ¡estamos hablando del 23,44%!.
Segundo, como es un tema de resorte nacional, que golpea a todos, incluido el sector productivo del país, el presidente entró en la problemática, afirmando que “citará a todas las autoridades del sector energético para que expliquen ese comportamiento”, que sin lugar a dudas, requiere atención e intervención. Un aspecto altamente relevante, está relacionado con la interpretación y aplicación, entre otras, de la leyes 142 y 143 de 1994, en las cuales se señala que, dos de los fines esenciales de la intervención -hay muchas más- del Estado en el sector, está medido, por un lado, para garantizar la libre competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante y, por el otro, “el establecimiento de un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos, en aplicación de los preceptos de equidad y solidaridad”, ambos elementos que inciden de manera directa en la eficiencia de la prestación y en el acceso al servicio, que constituyen, en sí mismos, una finalidad social del Estado”.
Difícilmente, esos fines esenciales de la intervención, hoy por hoy, pueden ser garantía para los usuarios y para el Estado mismo, quien es el primer interesado que en su economía exista competencia, de ahí que, la decisión de la intervención del presidente en las funciones de la Creg, vaya encaminada a lograr la denominada justicia tarifaria, tarea que, al día de hoy, la Comisión ha adelantado sin mucho éxito que digamos -o por lo menos para el interés del usuario-, en un sector con una alta presencia de monopolios naturales e incentivos para limitar la competencia, aspectos estos, que se tornan notables a la hora de enfrentar la inflación y su consecuente variación de precios en el IPC y con uno que otro comisionado nombrado por el presidente anterior –en el ocaso de su mandato, por cierto- y contrapuesto a las políticas energéticas del nuevo gobierno.
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