Que nos digan, quienes celebraron ese convenio, ¿qué van a hacer? Pasaron los 4 meses de la suspensión del “convenio” interadministrativo suscrito entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué –SETP- y la controvertida sociedad –dicen que es- de economía mixta, Infotic y, hasta ahora, no pasó nada, ni la actual administración municipal terminó dicho acuerdo de voluntades, ni los órganos de control, más allá de la advertencia de la Procuraduría –que en realidad debió ser una investigación-, que se sepa, intervinieron. 

Hay unos indicadores, publicados en el trascurso de las últimas semanas, preocupantes (y a la vez alarmantes) que deben ser leídos en conjunto; tal vez, por “las emociones” de la campaña política y el proceso de empalme, han pasado a un segundo plano. Son datos no menores los que la administración entrante, debe empezar a leer y corregir. A los números de desempleo local, se suman los datos arrojados en materia de pobreza, pobreza extrema y el coeficiente de Gini (desigualdad). Vamos por partes.

Difíciles momentos para el Congreso de la República en el trámite legislativo, con claras consecuencias, económicas y de credibilidad, para el ejecutivo, no solo por los acontecimientos en el empedrado curso de la reforma a la salud, sino con las recientes decisiones de la Corte Constitucional, de las que quiero hacer mención frente a 2 fallos relevantes por el contenido y el continente en materia económica y de hacienda pública.

Y no debería ser precisamente por falta de recursos, pues, el anticipo, por estipulación contractual, era de más de 12 mil millones de pesos, sin embargo, según la secretaria de Infraestructura, se le giraron 2 mil 800 millones al contratista favorecido con la poco planificada obra del puente de la calle 60. Pero, según información que circula en algunos medios de comunicación, sí hay una falta de liquidez del contratista para cumplir con varios compromisos adquiridos, entre ellos, acreencias laborales. Esto no es un tema nuevo, es solo un ejemplo más del “folclore” en la planeación y, ¡claro! en la contratación.

El escenario económico de la ciudad de Ibagué no es el mejor, bastante lo hemos repetido en este mismo espacio y, por supuesto, las cifras así lo han confirmado, pero el escenario político que dejó el pasado 29 de octubre tampoco lo es y la conjunción de ambos factores prevén un camino complejo para los próximos 4 años. Miremos lo siguiente:

Hace algunos meses los ibaguereños fuimos testigos (y lo padecimos), del tortuoso proceso para acceder a la facturación del impuesto predial en la ciudad, detenidos en el tiempo, como en la época previa al internet, vimos filas interminables de ciudadanos expuestos al sol y al agua a las afueras de las diferentes dependencias de la alcaldía en donde imprimían, uno a uno, los recibos solicitados, con posterioridad trasladaron la ineficiencia administrativa a los centros comerciales, pero, de ninguna manera, fue posible acceder a la descarga virtual, de manera “pacífica” antes del primer corte de pago con descuento. Una absoluta vergüenza de la que hoy, ni se sonrojan.

Hay unos hechos muy dicientes y que resulta importante exponerlos en este espacio, para que, quienes representan, en esta campaña, a los que (mal) gobiernan la ciudad no “echen” cuentos o, por lo menos, sepan que no todos –o muchos- “tragan” entero. Pero iniciemos, porque el desconcierto comienza con la “nueva” narrativa que apunta a una disputa de maquinarias para la elección del(a) próximo(a) alcalde(sa) de Ibagué, esto mientras los habitantes requieren empleo, los jóvenes además oportunidades, también inversión y unos gobernantes, ante todo, eficientes en el ejercicio de su función y comprometidos en la lucha contra la corrupción.     

El pasado viernes se publicó la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y contratada por la emisora Ondas de Ibagué, con un resultado altamente sorprendente (tal vez desesperanzador) no solo por quienes lideran la intención de voto (y no me refiero a personas, ni más faltaba, sino a estructuras), es por la “diferencia” frente a quienes pueden encarnar un voto independiente o alternativo (este último referido, no exlusivamente, a ciudadanos con una ideología política, más bien, en relación a la diferencia de quienes en la actualidad ostentan el poder).

En el Congreso de la República cursa, en la actualidad, un Proyecto de Ley de trascendental importancia para el desarrollo económico del país, se trata de una ley que busca definir y establecer condiciones para el desarrollo férreo en Colombia y, de paso, una actualización de la última ley ferroviaria que data del año 1920, lo que implicaría, de materializarse, dejar atrás el rezago en este modo de transporte y mejorar competitivamente en comparación con otras economías del mundo.

No se trata de sepulcro indio enterrado, ni un hallazgo precolombino encontrado, es el “tesoro” del puente de la Calle 60, un contrato sin planificar, con un anticipo de 12 mil millones de pesos, con un 4%, aproximado, de ejecución a la fecha y teniendo en ciernes, dos adiciones, una por 2.200 millones de pesos y la otra, en evaluación. Bastante trabajo tienen, en la ciudad de Ibagué, los órganos de control, pues, el hedor que rodeó la firma del convenio interadministrativo con Infotic, para el recaudo del SETP, también estaría presente en el proceso de licitación y ejecución del contrato para la construcción del puente de la calle 60.