Una precisión necesaria

En mi anterior columna: “90 % de impunidad”, me referí a la abrumadora impunidad frente al fenómeno de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, y me apoyé en las declaraciones de la Directora Nacional del Icbf publicadas en El Tiempo (11-07-2021), en la cual señaló que “La Ley de Cadena Perpetua envía un mensaje absolutamente claro a quienes atentan contra la vida y dignidad de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Este es un paso histórico, pero sabemos que debe ir acompañado de políticas públicas, programas y proyectos de prevención….” y agregué que antes se aplicaba otra norma que daba hasta 60 años de cárcel para sancionar dicho delito, la cual fue considerada insuficiente por algunos.
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Sobre este particular un lector me hizo llegar la siguiente precisión, que acojo y agradezco: “En Colombia no existe la Cadena Perpetua y la enmienda constitucional lo que incluyó fue el establecimiento de la Prisión Perpetua Revisable (Ley 2098 del 6 de julio de 2021). Aunque suenan similares, ésta se diferencia en que pasados 25 años de condena, un Comité Especializado revisará si existe resocialización o no”. En estos términos, de recibir concepto positivo, podrían ordenar la libertad, y aquí cabe mencionar que a juicio de algunos especialistas esta nueva ley que se presenta como más severa, no lo es necesariamente puesto que la anterior no consideraba rebajas de penas, beneficios, exoneraciones ni atenuantes de responsabilidad, pero en la realidad nunca se aplicó; lo más próximo fue la condena a 58 años de prisión a Rafael Uribe Noguera por el abominable caso ocurrido en Bogotá, de violación y homicidio de la niña Samboní.

Ahora bien, la revisión de la condena a los 25 años, hace viable que allí concluya la prisión porque en el entorno de nuestras cárceles la resocialización respecto a ese tipo de delito resulta muy difícil de precisar, por tanto, en aplicación del principio de favorabilidad, es previsible que se opte por liberarlos; además, presionados por razones pragmáticas relacionadas con el hacinamiento en las cárceles y los altos costos de mantener prisioneros por largos años. Y en torno a estas consideraciones, es pertinente insistir en que es imperativo, por supuesto, aplicar medidas para superar la impunidad pero, por sobre todo tomar conciencia de que para la sociedad lo más importante no es mantener miles de abusadores en las cárceles perpetuamente sino evitar que los menores sean abusados.

Cabe entonces comenzar por reconocer que cuanto se ha hecho ha sido absolutamente insuficiente y ello debe llevar a replantear estrategias y programas, entender la complejidad de razones que explican el fenómeno, y trabajar intensamente en acciones preventivas para inducir cambios culturales que conduzcan a superar valores machistas y patriarcales que están detrás de tales delitos y, también de toda aquella violencia contra las mujeres. 

Es vital educar en principios y valores de respeto y solidaridad y ello compete al Estado en primera instancia, a la dirigencia de todo tipo y a los mayores,  pero también a cada persona desde el espacio donde se encuentre. Es nuestro gran desafío.

CARMEN INÉS CRUZ

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