Que la publicidad no lo confunda, ni determine su voto

Carmen Inés Cruz Betancourt

Como en muchos rincones del país, también Ibagué está saturada con publicidad de candidatos y candidatas en campaña.
PUBLICIDAD

Es publicidad que dice muy poco pero deja claro que quienes se promocionan en forma tan profusa, cuentan con mucho dinero para financiar vallas, pancartas, afiches, volantes, botones, camisetas, cachuchas, disfraces y demás piezas publicitarias distribuidas por equipos que recorren el entorno. Se suma la propaganda en emisoras, periódicos, boletines, redes sociales y otros medios, muchas de ellas cuidadosamente maquinadas en sus “bodegas”. Además están las  manifestaciones, marchas, concentraciones y encuentros generosamente atendidos con refrigerios, rifas y regalos, que incluyen bulticos de abono para los campesinos; y se agrega el transporte, la compleja logística y las sedes de campaña. 

También suman las bonificaciones a los testigos electorales y a líderes comunales para que comprometan el voto de sus vecinos, más el aporte a aspirantes a las JAL, a Concejos y Asamblea -según el caso- que les apoyan. Se agrega el pago por cada voto, que bien puede ser del orden de cincuenta, cien mil o más dinero, y la producción de encuestas que les favorezcan. Tantas arandelas de este modelo de campañas electorales implican costos exorbitantes que no son asumidos por los candidatos, quienes cuidan muy bien su patrimonio. Las financian con recursos públicos y con patrocinios -algunos de origen opaco- que garantizan el derecho a contratos, burocracia y mordidas, cuando lleguen al poder. 

Con razón se afirma que una campaña a la gobernación del Tolima puede costar carca de 10 mil millones y a la alcaldía de Ibagué, cerca de cinco mil millones. Es el estilo adoptado por la politiquería tradicional para retener el poder y sacar de la competencia a quienes se niegan a vender la independencia de su futuro gobierno. Y, si bien hay topes determinados por ley para los gastos de las campañas electorales, muchos aspirantes utilizan múltiples subterfugios para ocultar gastos, mientras que los responsables de verificar no cuentan con las herramientas necesarias o no se interesan en cumplir con su tarea

         Conocido ese contexto, es infortunado que muchas personas descartan aspirantes calificados y con posibilidades ciertas de aportar con diligencia y transparencia al desarrollo regional, pero que, coherentes con sus principios éticos asumen campañas austeras. Esto ocurre, posiblemente porque hay quienes se dejan deslumbrar por la publicidad, y también porque esperan que tanta abundancia alcance para ellas, entonces, venden su voto por poco para que las roben en grande. 

Más desolador aún que otorguen su voto a pesar de conocer evidencias sobre los precarios resultados de tales gobiernos para la ciudadanía, porque para ellos son grandes los beneficios representados en el enriquecimiento que logran con las onerosas mordidas impuestas a cada contrato que suscriben. Son contratos que con frecuencia recibirán sucesivas adiciones en dinero y tiempo, pero muchas de esas obras al poco tiempo se deterioran o terminan como “elefantes blancos”. Son los mismos que en ejercicio de su gobierno malgastan el tiempo y el presupuesto público y a última hora, contratan obras y servicios que no responden a prioridades, no cuentan con los debidos estudios ni cumplen los términos legales, pero dejan comprometidos ingentes recursos y encartados a quienes les suceden, habiendo recibido los porcentajes negociados. 

La invitación a la ciudadanía es, entonces, para que se informen de fuentes confiables y no confíen en candidatos que inundan el entorno con publicidad. Se encuentran buenas opciones entre quienes de modo más discreto proponen trabajo honesto, realista y comprometido con el desarrollo regional, y respaldan sus propuestas con trayectorias limpias y realizaciones ciertas.

CARMEN INÉS CRUZ

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