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Para muchos resulta sorprendente conocer el número de iglesias que operan en Colombia, al igual que el número de partidos y movimientos políticos reconocidos. Veamos: el periódico El Espectador, en nota reciente (30-04-2024), reporta que “… el Gobierno espera firmar un convenio con al menos 800 de las 11.000 iglesias registradas en Colombia para que puedan contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables”.
A su vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó que 35 partidos y movimientos políticos estaban habilitados para avalar candidatos a las elecciones territoriales de octubre 2023.
Observando tales cifras habrá quienes piensen que esa gran diversidad significa mayor religiosidad o espiritualidad y mayor apertura a la participación democrática. Sin entrar en profundidades, que corresponde a investigaciones especializadas, cuanto se da en la práctica es que muchas de esas organizaciones son “emprendimientos” personales, familiares o de grupos que buscan, no loables objetivos de progreso para la sociedad, sino que están diseñadas para obtener beneficios fiscales, ganar visibilidad y capacidad para negociar prebendas económicas y burocráticas con el Estado.
No extraña entonces, ver en pueblos y ciudades avisos de iglesias, algunas con vistosas edificaciones, otras sencillas y hasta precarias, pero todas acogiendo feligreses que llegan a descargar sus penas, escuchar promesas y, por supuesto, a aportar diezmos que les hagan merecedores de milagros. Algo similar sucede con la gran diversidad de partidos y movimientos políticos que convocan adeptos que representan votos y recursos, con la expectativa de llegar a diversas esferas del gobierno para incidir en decisiones importantes, incluyendo contratos.
Surge entonces el interrogante: ¿Por qué esas organizaciones han proliferado de manera desorbitada? Y no se trata de afirmar que tener solo dos o cinco partidos políticos o iglesias sea mejor; No, de eso no se trata; que exista cierta diversidad puede ser saludable, siempre y cuando sean organizaciones serias y honestas; la libertad de cultos y el derecho a escoger una opción política son derechos inalienables.
Una hipótesis para explicar ese fenómeno lo relaciona con la enorme pobreza y angustia que padece gran parte de la población y con el hecho de que algunos, habiendo transitado por una y otra encuentran que no responden a sus expectativas; pero, en su recorrido les queda claro que son los dirigentes o dirigente, quienes se benefician con cargo al potencial que representan sus adeptos a la hora de las elecciones, porque lo usual es que muchas de esas organizaciones religiosas muy pronto se convierten en palanca de grupos políticos que así fortalecen su capacidad de negociación.
Y, como en muchas de ellas no existe compromiso ideológico y poco pesan los principios y valores que proclamen, igual que las promesas que hacen a sus ingenuos adeptos, éstos a su vez, desarrollan poco apego porque su principal compromiso es atender sus necesidades inmediatas; por ello su adhesión es frágil y la decepción les lleva a optar por otra de las múltiples alternativas que se ofrecen, sin importar que les llamen tránsfugas.
Por supuesto, entre unas y otras de estas organizaciones hay algunas serias y con larga tradición, así que no se puede generalizar, pero poca duda cabe que entre aquellas surgidas por montones en las últimas décadas, muchas pueden denominarse “emprendimientos productivos”, como se suele decir en la actualidad. Entonces, resulta difícil afirmar que esa proliferación de iglesias y movimientos políticos, signifique mayor religiosidad, espiritualidad o fortalecimiento de la democracia. Acaso lo que sí representan es una seria limitante para lograr la cohesión social y al fortalecimiento del espíritu de cuerpo que requieren las sociedades
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