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El año pasado Colombia batió récord de incautaciones de cocaína y este año va superando el anterior. Todas las semanas caen cargamentos en puertos, aguas internacionales o en laboratorios. Desde lo que va de este gobierno, se han incautado alrededor de 1.200 toneladas, que ya supera con creces las cifras del anterior.
Dos trinos recientes del director de la Dian confirman resultados contra la ilegalidad en otro frente. A comienzos de mayo, anunció el mayor golpe al contrabando en la historia del país, cuando se incautó mercancía en Cali avaluada en más de 72.000 millones de pesos, representada en calzado, confecciones y juguetería. Este sábado, también se anunció que 21.000 millones en textiles fueron aprehendidos por la Policía Aduanera en Santa Marta. En menos de 2 años que lleva este gobierno, ya van más de 900.000 millones en golpes al contrabando, casi un 40% más que en el mismo periodo del gobierno anterior.
También van 109 dragas destruidas, que estaban siendo utilizadas para la minería ilegal.
Es evidente que hay una voluntad férrea del gobierno por combatir las estructuras que promueven las economías criminales que son promotoras de la guerra, y para eso ha tenido que romper estructuras al interior de las mismas instituciones que tienen como misión combatirlas. Aclarando que no es generalizado, es imposible negar que en las fuerzas armadas, la autoridad aduanera y en la misma clase política, algunos malhechores se han asociado con las mafias para ayudar a construir ese entramado ilegal que desangra las finanzas públicas, crea condiciones adversas de mercado y deja una estela de muerte y desesperanza. Tenía que llegar un gobierno con carácter y firmeza para empezar a desmontar esas alianzas.
No obstante, el costo de esa decisión del gobierno es alto. Entre más se cierre el cerco al narcotráfico, la guerra por el control de los territorios y las cada vez más escasas rutas se mantendrá fragorosa. En apartados pueblos donde todavía buena parte de la economía campesina está determinada por la suerte de la coca habrá, temporalmente, ruina, como ya se ha documentado en algunos estudios. El comercio informal de tantos productos que entran al país como contrabando, también tendría consecuencias en el trabajo de quienes solo entienden de vender en la calle algunas baratijas para conseguir el diario. Hay que decirlo, aquí también pagan justos por pecadores.
Pero también hay que decir que si esa lucha se mantiene constante, los efectos económicos serán más que positivos, lo que ayudaría al crecimiento y la generación de empleo. Si la economía se mueve mayoritariamente en la legalidad, los actores económicos sabrán que ganar en la competencia por el mercado será producto de la excelencia y no por elementos tramposos. Habrá necesidad de desarrollar otros sectores, lo que ayudaría a diversificar la economía. Llegará mucha más inversión y habrá más contribuyentes que aporten recursos para el desarrollo del país.
También lograremos una recompensa moral, una Nación que enfrenta con valentía la ilegalidad en búsqueda de reemplazar esas rentas con turismo, agroindustria y energías limpias. Para que Griselda Blanco no vuelva a ser nunca nuestra imagen en el mundo.
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