Las ciudades colombianas padecen una enfermedad crónica que es visible de manera fácil, y hasta dramática, en todos los espacios públicos. 

El drama con que se encuentra el ciudadano al abordar la calle es siempre el mismo: andenes deteriorados, si es que existen; calles llenas de baches y también de basuras; señalización escasa y en pésimas condiciones; parques abandonados en donde más bien parecen tierreros y sitios de acumulación de desechos; amueblamiento urbano escaso y en malas condiciones; alumbrado público apenas perceptible en ciertos sectores; fachadas de edificios públicos que no es posible identificar de qué color fueron; monumentos que parecen más bien ruinas de algo que fue y no se sabe ahora qué es, y a todo esto podríamos agregar un largo etcétera. 

El problema siempre es el mismo: unas administraciones que no han propiciado la cultura del mantenimiento. Cada vez que se construye una obra pública, debe estar implícito un presupuesto permanente para que esa obra tenga el mantenimiento que requiere y pueda de esta forma no sólo perdurar en el tiempo, sino brindar una imagen amable de la urbe y su contenido, que se enriquezca todos los días. 

Cuando no se procede así, se obra de mala fe con los ciudadanos, quienes abrigaron una esperanza que resulta efímera y apenas paliativa para lo que es el anhelo colectivo. 

Cuando no es posible garantizar el mantenimiento de las obras, es mejor no hacer más obras y dedicar esos recursos a cuidar lo que se tiene; con eso nos evitamos unas ciudades totalmente destartaladas, en donde nadie responde por nada y en donde nunca hay nada qué mostrar, nada qué disfrutar, ni nada qué proyectar. 

Se evita también que con cierta frecuencia se encuentre el achaque de adjudicar un contrato amiguero de remodelación o de mantenimiento, que resulta absolutamente temporal y que no va a tener ningún impacto hacia el futuro. 

El gobernante responsable debe saber que al disponer una obra tiene que tener también disponible el presupuesto para darle el mantenimiento que requiere, en donde además se debe propiciar un acompañamiento ciudadano para hacer más fácil la tarea y disponer de un funcionario que pueda estar pendiente de todo lo que a ese bien público le ocurra, para que actúe de manera oportuna frente a cualquier circunstancia.