PUBLICIDAD
El ferrocarril en Colombia podría ser un claro ejemplo de ello, pero también muchas carreteras, puentes, acueductos, aeropuertos, refinerías, hospitales o centros educativos.
El proyecto aparece, y con él el viacrucis, para que pueda llegar a completarse su factibilidad y lo que se denomina el cierre financiero. Viene entonces el proceso licitatorio, después la adjudicación, las demandas de los no favorecidos y más adelante los problemas con la comunidad no consultada, las afectaciones ambientales, las dificultades económicas de los contratistas ejecutores, los cambios en los POT, las discrepancias entre los financiadores (gobierno nacional y entes territoriales) y por supuesto los problemas de corrupción, pues muchos contratistas se gastan la plata en otras cosas, o deciden asociarse con los determinadores de los organismos oficiales para repartirse el botín.
En este país un proyecto que se concluya dentro de los términos pactados es la excepción, y cada vez que las noticias de prensa dan cuenta del estado de las principales obras públicas, siempre el referente resulta ser el de los atrasos, algunos con tiempos verdaderamente sorprendentes, en donde la primera pregunta que nos hacemos es ¿en dónde está la capacidad administrativa del Estado para superar obstáculos y para impedir que no se cumplan las cláusulas pactadas? Y todas esas demoras siempre van acompañadas de presupuestos adicionales, pues entre más se prolonga el tiempo, en igual forma debe extenderse el presupuesto, pues todas las contingencias tienen su equivalente en dinero y ahí es cuando viene entonces la parálisis, que para algunas obras significa su sepultura definitiva.
Lo que requiere el Estado, en todos sus niveles, es fortalecer su capacidad ejecutora, ejerciendo una vigilancia muy precisa, en colaboración con la comunidad, que va a ser la beneficiaria y debe estar indiscutiblemente asociada a la suerte de los proyectos que se van a desarrollar y que la van a afectar.Y, por otro lado, una decidida política anticorrupción que permita cerrar el paso a los corruptos que viven detrás de la contratación de los entes estatales para lucrarse, y hacer de los presupuestos públicos un botín.
Una comisión de alto nivel que estudie este caso y diseñe los correctivos necesarios, se está esperando hace muchas décadas. El ciudadano que contribuye a formar los presupuestos con los impuestos que paga, merece respuestas más concretas.
Comentarios