Las conjeturas que se tejen sobre la paz, dan para que toda clase de opiniones, favorables o adversas, coexistan en medio de un anhelo que en el fondo todos añoramos.

Después de todos los desenlaces tormentosos del paro agrario, en donde se pactaron una serie de compromisos para salir de la crisis que generó momentos angustiosos, bueno sería pensar en un programa de largo plazo que permitiera la configuración de una solución estructural para los campesinos y productores del campo.

El tema regional es cada vez más importante; diría trascendental, en el escenario de la inversión y desde luego en el del desarrollo.

El episodio de la niña Michel Dayana Barrera que murió en Bogotá al caer en una alcantarilla, y el de otra menor que resultó herida en Cali por un accidente similar, epílogo de muchas historias de víctimas que han caído en esas trampas mortales, ha puesto en evidencia un problema que todos los ciudadanos de Colombia estamos acostumbrados a ver diariamente.

Hace pocos días, la expresidenta de Chile y ahora candidata nuevamente, Michelle Bachelet, decía en una entrevista algo que realmente invita a pensar sobre la forma como deben actuar quienes tienen responsabilidades políticas “Que no tengan una actitud burocrática y que entiendan las urgencias”.

En su reciente intervención ante la Asamblea de la ONU, el presidente Santos se quejó de la lentitud del proceso de paz que se adelanta en La Habana, y lamentó que apenas hubiera sido posible llegar a un acuerdo sobre uno solo de los puntos de la agenda.

El país celebró como un avance en las instituciones democráticas, la incorporación de la figura de la elección popular de alcaldes en 1986 y desde ese entonces los gobernadores perdieron esa prerrogativa para designar los mandatarios locales, así como el Presidente de la República en lo que tenía que ver con el alcalde de Bogotá.

Muchas opiniones encontradas se han registrado en torno al proyecto de vender la participación mayoritaria que el gobierno tiene en la empresa de energía Isagen, cuyos activos ascienden a la no despreciable suma de 6.7 billones de pesos.

Las empresas de telefonía celular del país están en franca mora de responsabilizarse de los traumas que están causando en la prestación del servicio, donde están generando toda clase de traumatismos, además de las pérdidas económicas para los usuarios por las interferencias que del mal servicio se derivan.