El regreso al país del otrora poderoso y temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en su condición de deportado, luego de cumplir condena en los EEUU por narcotráfico y no por genocidio, torturas o desaparición forzada, nos vuelve a rodar una película que comprende temas sensibles de la agenda de Colombia en los últimos cuarenta años: conflicto armado, guerrilla, paramilitarismo, parapolítica, extradición, tolerancia social con el crimen, jueces y magistrados valientes. Pero también, en algunos casos, lentitud de la justicia, pecaminosas alianzas de la fuerza pública, amnistías, indultos, despojo de tierras, desplazamientos de campesinos, entre otros muchos.

Un observador desapercibido no entendería que mientras el gobierno del presidente Petro -con la misma buena intención que tuvieron Betancourt, Pastrana y Santos- permanentemente habla de la “paz total”, buena parte de las noticias tienen que ver con homicidios, asesinatos selectivos, feminicidios, paros armados, secuestro, reclutamiento de niños, inseguridad urbana y rural, y desplazamientos, entre otros muchos factores que impiden la pacífica convivencia ciudadana.

Pensando en el debate electoral del 2026 los colombianos debemos encontrar cómo superar este estado de confusión -al que contribuye sin duda el mal uso de las redes sociales- crispación, superficialidad en el análisis, sesgos en la apreciación de los hechos, ignorancia de los contextos históricos y pobreza intelectual en el debate político. Para hacerlo bastaría con cumplir los principios básicos de nuestro Estado de Derecho vigente, con defectos e interrupciones, desde comienzos del siglo XX.

El proceso para la sucesión del fiscal general está cargado emocionalmente por la situación política que vive el país y el evidente enfrentamiento entre Barbosa y el presidente por procesos penales que, como suele ocurrir en estos casos, tienen efectos políticos.

El término “reforma judicial” se repite casi todos los días en la agenda pública. Siempre está presente en los foros académicos, las campañas presidenciales, los debates y discursos de posesión. En el último siglo, buena parte de las reformas constitucionales han tenido que ver con cambios en la administración de justicia.

El título de esta columna repite el nombre de un programa de televisión que se trasmitía los domingos en la noche en la década del ochenta y que ilustraba a los colombianos -con excelentes actores y actrices- los episodios más importantes de nuestra independencia, la vida republicana y las biografías de políticos como Bolívar, Santander, Sucre, Tomás Cipriano de Mosquera, José María Melo, Obando, Murillo Toro, Jorge Eliécer Gaitán y Darío Echandía. Por la tiranía del “rating” el programa fue sacado del aire.

La sentencia de la Corte Constitucional - en adelante CC- sobre la exequibilidad parcial de la ley para la ‘paz total’, con sus salvamentos de voto, delimita el marco dentro del cual el gobierno puede adelantar conversaciones con grupos armados ilegales. En verdad, siempre ha habido participación de las tres ramas del poder público en los innumerables procesos de paz que hemos tenido a lo largo de nuestra accidentada historia.

Según la Constitución, el presidente de la República es el responsable del mantenimiento del orden público en todo el territorio. Todos los jefes de Estado, casi sin excepción, han utilizado los dos mecanismos que contempla la carta política:  el uso de la fuerza legítima del Estado o la negociación. 

Iván Cepeda Castro es un político de la izquierda democrática, curtido parlamentario, tolerante, estudioso y honrado defensor de la solución política del conflicto armado.

En ese país de la desmemoria, para la mayoría de los colombianos pasó casi desapercibida la conmemoración de los 38 años del holocausto del Palacio de Justicia. Valdría la pena que en colegios y universidades se recomendara la lectura del libro “El palacio sin máscaras”, del excelente periodista y cronista Germán Castro Caicedo.