Cámara ardiente

La capacidad de un gobernante para tomar decisiones acertadas supone prever la reacción favorable o adversa de sus gobernados. Mantenerse sintonizado con la opinión y calcular el costo político de sus medidas; entender el contexto; escoger el momento adecuado para cumplir un compromiso o eludirlo, evitando provocaciones que pongan en riesgo la frágil legitimidad de un país groseramente desigual, en tiempos de crisis.

El pasado 24 de diciembre el gobierno decretó un alza del 5,12% en las dietas parlamentarias. La cifra la determinó el Contralor General de la República basado en el aumento hecho a los altos funcionarios del Gobierno. Los sueldos pasan de $32’741.000 a 34’418.000; $1´677.000 mensuales adicionales, más $20´124.000 por retroactividad. Sumas que favorecen también al mismo contralor, los magistrados de las altas cortes, la nueva Procuradora y los flamantes Fiscal General de la Nación y Defensor del Pueblo, elegidos recientemente por los beneficiarios del aumento, previo guiño de la universidad Sergio Arboleda.

El ajuste pareciera recompensar las improvisadas reformas que duplicarán, en tres años, la feroz burocracia de la Contraloría General de la República, y harán otro tanto con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un contrasentido frente a las perentorias Reforma Fiscal y de Protección a la Vejez, eufemismos con los que el ministro Carrasquilla desautoriza la negativas con las que el presidente Duque amainó las protestas sociales de finales del 2019. Pero como en las Navidades se juega con candela, el pasado martes incrementaron 3,5% el salario mínimo. Así las cosas, los honorables parlamentarios quedaron ganando 40 veces la mensualidad de un obrero colombiano.

Para completar, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué le aprueba una bonificación de $40 millones a su presidente ejecutivo, porque generó buenos excedentes. No está mal que los dé, pero no son el tipo de resultados que se esperan de un ente de servicio público, en medio de la peor crisis que haya vivido el sector empresarial en la historia reciente.

Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, Ibagué siempre ocupa los primeros puestos en desempleo como consecuencia de la alta informalidad: “La fuerza laboral está menos educada porque los jóvenes preparados se están yendo del Tolima. Por eso, entre 2005 y 2018 la población del departamento estuvo estancada. El Tolima, es el cuarto departamento más envejecido del país… Hay que construir una estrategia de formalización empresarial y pensar en alternativas laborales complementarias a los servicios educativos”. Pese a la fuga de cerebros, el desempleo juvenil de Ibagué se mantiene como el más alto del país: 32,9% (22,4% nacional).

No es momento de autocomplacencias. Los desafíos del alicaído sector privado del Tolima están lejos de resolverse. Frente a ellos, la gestión del equipo cameral no es solo breve sino modesta. Harían bien en poner manos a la obra y su presidente ejecutivo en renunciar a tan inoportuna bonificación.