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Un ejemplo. El primer punto del pliego presentado por el Comité de Paro: “Una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual”. Vale $71 billones. Tres veces lo que contenía la fallida Reforma Tributaria ($24 billones) y más de cinco en lo que va quedando, ante la dramática escasez.
Poco importa pedir lo imposible. El interés real de sus promotores no son los nuevos pobres, sino aprovechar el pandemonio para aceitar sus campañas al Senado y de paso obtener más vacaciones, más primas, más planta de personal para jueces, maestros y demás empleados oficiales.
La falta de empatía de estos “líderes” con el microempresario, obrero, vendedor ambulante y ciudadano de a pie es asombrosa. Convocan las manifestaciones en decenas de puntos para luego invadir las vías, generando bloqueos que exasperen a la gente y desborden la legítima protesta en desmanes, violencia, destrozos, enfrentamientos con la fuerza pública.
Francisco Maltés, presidente de la CUT, puso como condición al diálogo que se retiren Ejército y Esmad. Vale decir: dejar a merced del lumpen y la delincuencia el suministro de alimentos, los bienes públicos, el servicio de transporte, el pequeño comercio, los bancos, los condominios residenciales. Aplicar en las ciudades lo que ocurre hace décadas en vastas zonas rurales del territorio nacional.
Todo el mundo se asombra del caos que reina en Cali, pero nadie recuerda que la costa pacífica, habitada mayoritariamente por afrodescendientes e indígenas, jamás le ha interesado al país. Nuestras élites racistas se escudan en las autonomías constitucionales para justificar el abandono de esas comunidades a las mafias, que imponen su ley a sangre y fuego, como lo evidenció recientemente Salud Hernández en la revista Semana.
Todos sabíamos que el Bloque Sur era la columna financiera y militar de las Farc. Aun así, durante el proceso de paz de Santos, los cultivos de coca se multiplicaron por cuatro, lo que les permitió a los carteles mexicanos asumir la soberanía. Los líderes que ingenuamente apoyan programas de reincorporación, erradicación o sustitución de cultivos, siguen siendo asesinados. El gobierno responde: “Yo no fui”, pero gasolina, cemento, mercurio y precursores químicos circulan sin obstáculos; los laboratorios permanecen incólumes al borde de las carreteras; coca y dólares son moneda de cambio, pese a los 8000 soldados que Duque envía a temperar cada seis meses.
No es de sorprender, entonces, que el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, haya anunciado que el expresidente Uribe esté negociando el nombramiento de un integrante del ELN, como gestor de paz, para adelantar nuevos diálogos con este gobierno. Nada más oportuno que echar al vuelo palomitas blancas y ondear banderas tricolores, para sacar al presidente de su laberinto. ¿Para qué discutir reformas, como la de la salud, si siempre hay en salmuera un proceso de paz que permite dilatarlas?
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