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El caso fue juiciosamente documentado por el general Óscar Gómez Heredia (por esos días coronel), comandante de la Policía Metropolitana. La Fiscalía inició la investigación por los delitos de “peculado por uso” y “ocultamiento y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios”.
Desde el inicio del proceso, Andrés Hurtado y sus abogados se dedicaron a tejer una estrategia de dilación para que la acción penal prescribiera. Y prescribió. La justicia no llegó a tiempo. Y no llegó a tiempo a pesar de que en agosto de 2021 (9 años después de los hechos) el Consejo Seccional de la Judicatura instó al Juez Segundo Penal de Circuito de Ibagué, Henry Beltrán, a no permitir esas maniobras. Y no llegó a tiempo, no obstante, que en septiembre de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, al resolver desfavorablemente una nulidad procesal interpuesta por la defensa de Hurtado, reconvino al Juez Beltrán por no dar celeridad a las diligencias. Y no llegó a tiempo, pese a que la Fiscalía observó en varias ocasiones que la defensa era dilatoria y solicitó al Juez Bernal buscar alternativas para realizar las audiencias.
En enero de 2022, cuando era evidente que la acción penal prescribiría, presenté ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima – Sala Disciplinaria, en compañía de Guillermo Hinestroza y Rubén Darío Correa (quien firmó virtualmente, pues estaba fuera del país), un derecho de petición para que se investigara la conducta de Beltrán y de los abogados de Hurtado. Aportamos las pruebas aportadas por la prensa local. En ese momento, desafié a Hurtado a que si creía ser inocente renunciara a la prescripción de la acción penal. Obviamente no lo hizo. ¡Cómo iba a hacerlo! Se burló de la justicia. El pasado 27 de septiembre, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima se pronunció: sancionó con una suspensión de cuatro meses de ejercicio profesional a Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado del alcalde de la ciudad. Esta decisión prueba que sí existió esa vulgar maturranga. Al Juez Beltrán y a sus otros abogados no les pasó nada. Hurtado nunca pudo probar su inocencia, simplemente se benefició de la prescripción. Sus delitos quedaron impunes. Estarán felices y riéndose de todos. No soy parte en este proceso y no podré interponer ningún recurso contra la mencionada sentencia, que impone una inocua e inicua sanción a quien ha sido determinante para que haya impunidad. No creo que nadie lo haga. Ni siquiera el indigno caballero responsable de abusar de las vías de derecho. Puede irse de vacaciones. Jugosos honorarios ha debido recibir, pagados por supuesto por todos los contribuyentes, que son la fuente de los recursos de Hurtado.
El epílogo de esta crónica de burla a la justicia y a los ibaguereños podría escribirse el próximo 29 de octubre si resulta elegida su candidata a la alcaldía de Ibagué. Cada quien tiene derecho a escoger su propio destino, y cada pueblo también. Inclusive el de la autodestrucción. En abril de 2024 podrán celebrar una década de impunidad. La mayoría lo olvidará, pero algunas personas no.
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