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Desde hace varios meses vengo sosteniendo que la política está secuestrada por los políticos. Un secuestro perpetrado con leyes, decretos, resoluciones y circulares que impiden la libre participación ciudadana. Me explicaré. El derecho al voto, a elegir y a participar, son bienes jurídicos sobre los cuales se funda la democracia. No se puede concebir ni predicar su existencia si estos derechos se ven amenazados o conculcados por razones fácticas que contradicen la carta constitucional. Estos derechos están en vilo por decisiones del Consejo Nacional Electoral (una entidad administrativa, no jurisdiccional a pesar de que sus miembros se llamen magistrados), que se ha erigido en una especie de colador que determina quién puede participar y quién no en unas elecciones. Una auténtica aberración jurídica.
La perla ahora es que es el CNE revoca inscripciones de candidaturas, pero induce al error al elector, pues esas personas siguen en la tarjeta electoral, y los votos depositados por ellas no tendrán eficacia, no cuentan para elegir, lo cual hace nugatorio derechos políticos fundamentales, como los ya citados. Hay cerca de 2.000 personas a quienes el CNE les ha declarado nula la inscripción, y que no obstante aparecerán en la tarjeta electoral, sin que nadie les advierta siquiera a los electores que si marcan una de esas opciones están perdiendo su voto. Los están engañando. ¿Qué clase de democracia es esta? El estado induce a error, y el paganini es ciudadano. Hoy, millones de personas acudirán a las urnas sin tener certeza de quiénes son candidatos. Para ilustrar la situación, pongo de ejemplo, el caso de candidatos a la gobernación del Tolima. Ni siquiera los jurados de votación saben cómo contabilizar los votos que depositen por Mauricio Jaramillo y Jorge Palomino, a quienes se les revocó la inscripción. Absurdo.
El presidente Gustavo Petro está en mora de propiciar un amplio debate nacional en torno a una reforma política y electoral. Hay que desmontar la partidocracia, entendida por esta el monopolio que se han adjudicado a sí mismos los partidos políticos; hay devolverles la política a los ciudadanos, establecer auténticos controles para evitar la compra de votos, el constreñimiento al elector, la intervención de funcionarios en el proceso electoral y el abuso del poder político y económico. El sistema tiene que generar igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, esa es la base fundamental. Igualmente, garantizar que el elector toma decisiones libres e informadas, no interferidas por un alud de propaganda sin límites que solo beneficia a quienes la venden. Esa es la prioridad. No más engaño electoral.
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