Fue una alegría oír esta semana al Ministro de Agricultura anunciar a Yamid Amad, en CM&, que por fin van a dar buen uso a la tierra que se quitó a los narcos, que es de la mejor, y que se va a repartir entre campesinos, respaldando esta acción con programas de extensión agropecuaria, crédito y asistencia (y ojalá seguridad), después de años de predicar en el desierto y de anhelar que algún gobierno liberal emprendiera algún programa de reforma agraria.

Le tocó hacer este anuncio precisamente a un ministro conservador y lo que dijo contrasta con lo que se oye dentro de su partido, en contra de que el Gobierno les titule tierra de buena calidad a los campesinos y a los desplazados.  

Queda la duda de cómo se va a proteger a los favorecidos por el programa de tierras y ya el secretariado de las Farc está augurando el fracaso del programa por esta razón. La realidad es que el manejo de seguridad lo deja a uno bastante incierto, con el “corazón partí'o” entre gobiernista, por los logros alcanzados en otros frentes, y cauteloso, por el poco avance en el control territorial.

El año pasado, cuando mataron a los dos jóvenes de la Universidad de los Andes en la Costa Atlántica, se hizo inocultable lo que todos sabían en la región. Una buena parte de ella no la maneja el Estado, sino las bandas criminales (esto también es cierto en el Pacífico).  

El asesinato produjo consternación en Bogotá, promovió algunas medidas puntuales de la Policía y de las autoridades, pero las cosas no cambiaron y los intentos que se hicieron en algunos gremios económicos para motivarlos a presionar al gobierno a hacer algo fueron respondidos con indiferencia o con el temor de desprestigiar la política de seguridad democrática y crear mala prensa a Colombia.

No se volvió a tratar el tema hasta la semana pasada, cuando los criminales pararon las actividades económicas en sus territorios y desafiaron abiertamente al Gobierno. Esto debería haber prendido todas las alarmas. Sí promovió alguna actividad oficial, pero no toda la necesaria. El Presidente anunció recompensas por las cabezas de las bandas.     

El Director de la Policía lo acompañó, vestido de carabinero, y hubo declaraciones contradictorias de varios ministros y de uno de los jóvenes patricios que se ocupan del tema en Palacio. Pero ya parece haberse olvidado el asunto otra vez, lo que viene sucediendo desde hace tiempo, según informa Gustavo Gallón, en El Espectador.

¿Qué será lo que hace que algo de tan trascendental importancia desaparezca rápidamente del foco de atención del gobierno y de los medios? Sería bueno que uno de los expertos de seguridad de la Presidencia, el fotogénico Ministro de Defensa, o el general Valencia Tovar explicara a qué estrategia de seguridad corresponde dejar en manos de criminales no solamente vastas zonas de Colombia sino los principales corredores de tráfico ilegal de armas y de droga y por qué permite el Ejército que se diga que este aspecto de seguridad nacional que parece vital no le corresponde.

Quizá alguien también se anime a explicar por qué dejaron sueltos a dos centenares de criminales que se entregaron y hay que esperar a una reforma constitucional para poderlos capturar.