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Vale la pena mencionar que la legislatura que arrancó el 20 de julio de 2019 estaba cruzada por la incertidumbre en ese momento, debido a la precaria gobernabilidad del presidente Duque al no tener unas mayorías claras que permitiera que su agenda legislativa fuera aprobada en el congreso. En esos días se decía que sin mermelada el legislativo no tendría estímulos para pasar las leyes necesarias para el país, una verdad de Perogrullo en la política colombiana.
El segundo periodo de la legislatura 2019-2020 se anunciaba recargado. Se planteaban temas claves en la agenda como la reforma anticorrupción, la doble instancia para aforados pensada para el caso del tristemente célebre exministro Andrés Felipe Arias y la cadena perpetua para violadores de niños.
Además, se anunciaban reformas a la justicia, a la política y otras que tenían que ver con lo laboral, pensional y para “dinamizar la economía”. Todo esto dependía de los acuerdos políticos que venía trabajando el gobierno con el partido Cambio Radical. Estos finalmente se concretaron en el mes de febrero cuando el presidente Duque hizo un ajuste al gabinete ministerial con la llegada de tres nuevos ministros, uno del conservatismo, otro de la U y también para el partido de Germán Vargas Lleras. Como quien dice la tan ansiada mermelada llegó para “mejorar la gobernabilidad”.
Conformada la nueva correlación de fuerzas, apareció la inesperada pandemia. Esto hizo que el congreso no pudiera funcionar presencialmente. Durante mucho tiempo se discutió si se debían hacer las sesiones virtuales, luego éstas se aprobaron y seguramente con este formato se prolongarán hasta el mes de agosto.
La pandemia generó un nuevo escenario donde el congreso pasó a un lugar secundario porque el presidente Duque, amparado en el Decreto de Estado de Emergencia, empezó con una avalancha de determinaciones en lo económico, en la salud pública y en muchos más temas que terminó opacando el desempeño de los congresistas. Éstos, aislados en sus residencias y en sus grandes haciendas, escasamente han avanzado en unas pocas leyes y en muchas citaciones a ministros y funcionarios a debates de control político. A una semana de la finalización de este periodo de sesiones ordinarias el balance será muy pobre. Pocas leyes seguramente tendrá para sancionar el presidente Duque. Se aprobará por tener su trámite muy avanzado la cadena perpetua para violadores de menores de edad a pesar de su agitado debate virtual y están haciendo fila otras que podrían pasar por la costumbre inveterada del congreso de aprobar a las volandas en los últimos días, las que tienen ambiente político de los partidos y el gobierno con sus nuevas mayorías.
Una ley que genera gran expectativa es la referida a la reforma a las CAR. Esta venía avanzando silenciosamente desde el año anterior. En esta iniciativa se habla de establecer una serie de controles para prevenir la corrupción, implementar acciones de transparencia, rendición de cuentas y mejoramiento de la gobernanza. Quiere establecer un nuevo procedimiento para la elección de directores, enfatizando que los mismos deberán cumplir con un perfil técnico y requisitos más estrictos que los actualmente vigentes.
Esta semana será definitiva para esta y otras leyes que pueden ser aprobadas. La reforma a las CAR desde hace mucho tiempo viene siendo un propósito del gobierno central. Fue en el mandato de Uribe donde se intentó transformar las mismas y convertirlas en unas instituciones que dejen de ser autónomas y regionales. Han pasado varios presidentes e iniciativas que han buscado modificarlas sin éxito, veremos si esta vez si lo logran.
Sobre este balance legislativo sería bueno escuchar una rendición de cuentas de nuestros congresistas como ejercicio de transparencia sobre su gestión.
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