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Todo esto hizo imperativa la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh- que vino al país la semana anterior a verificar las situaciones presentadas en medio del paro nacional.
No obstante, que Luis Almagro es el Secretario General de la OEA y se ha mostrado como un aliado de las posiciones de derecha y del gobierno nacional, la Cidh deberá hacer su trabajo de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de una manera que genere confianza en los colombianos. Por ello, cuando la Comisión llegó al país, muchos ciudadanos le hicieron calle de honor, saludando su llegada con la esperanza de aminorar los hechos de violencia presentados en el marco del paro nacional. Para algunos analistas esta visita y el paro en las calles de las ciudades colombianas eran caras de la misma moneda.
Como se conoció por la prensa la Cidh se reunió con muchos actores. Desde el gobierno con el presidente Duque, su vicepresidenta, el ministro de defensa, el director de la policía, otros ministros, los presidentes de las Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría, pasando por los congresistas, las víctimas de la violencia, los partidos de oposición y el Comité Nacional de Paro. Estas voces plurales dieron al traste con la pretendida intención que tuvo el gobierno de imponer una agenda de reuniones a la Comisión solamente con las instituciones públicas oficiales.
La Cidh regresó el jueves anterior a Washington y esta semana entregará unas recomendaciones al gobierno colombiano. Hay una gran inquietud sobre la aceptación de estas recomendaciones por parte del gobierno así como de la aplicación de medidas cautelares para el manejo de la protesta social y la garantía de los derechos humanos, en caso tal que sean manifiestas por parte de la Cidh.
Con esta publicitada visita de la Cidh se puso de presente el momento crítico que atraviesa el país por las protestas y la preocupación que genera en los organismos multilaterales. Así no le guste mucho al gobierno del presidente Duque, hay organizaciones internacionales de gran prestigio, reconocimiento y credibilidad, como Human Rights Watch que vienen llamando la atención y haciendo críticas sobre la situación de derechos humanos, especialmente por las muertes presentadas y el exceso de la fuerza pública utilizada para contener la protesta social.
A esta complejidad se le suma que el gobierno designó a Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA para constituir una mesa de trabajo con la Cidh, cuando este mismo ha señalado a la Comisión como izquierdista y la ha acusado estar ideologizada. No parece una buena elección especialmente por los antecedentes que se dieron por el fallo contra el Estado colombiano por las acciones en el ejercicio de su procuraduría.
Al momento de escribir esta columna no se conocen las recomendaciones de la Cidh pero se espera que las mismas contribuyan a destrabar las conversaciones con el Comité Nacional de Paro y a la defensa de los derechos humanos en este país atribulado por tanta violencia.
Esperemos que el gobierno acoja sus recomendaciones e implemente las profundas reformas sociales reclamadas para salir de esta coyuntura de explosión social, donde por la violación flagrante a los derechos humanos se ha puesto al centro el derecho a la vida como fundamental y primordial.
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