¿Cómo explicar que cien mil cafeteros honrados, inteligentes y trabajadores de once departamentos hayan tomado la muy difícil decisión de pararse en las carreteras de Colombia, al sol y al agua y bajo la fuerte represión oficial?

Es difícil concebir algo peor que la reforma pensional propuesta por Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Porque se propone empeorarles, una vez más, sus derechos de pensión a más de un millón de familias que viven de sueldos superiores a dos salarios mínimos y están vinculadas a empresas privadas,

El ministro de Minas –o mejor, el presidente Santos, porque cosas de tanto calibre no se definen sin su aquiescencia– se le sometió a la BHP Billiton y le firmó otro contrato ilegal y leonino sobre Cerro Matoso.

Para el Polo fue fácil fijar posición sobre el anuncio del gobierno y de las FARC de buscarle una solución política al conflicto armado.

Un gran debate recorre al mundo. Versa sobre los millones de hectáreas de tierras rurales de los países del tercer mundo que están siendo adquiridas por las potencias económicas y las trasnacionales del agronegocio y la especulación financiera e inmobiliaria.

El gobierno dice que la reforma tributaria es “neutra”, es decir, que el total del recaudo seguirá igual, porque lo que se les disminuya en impuestos a unos se les aumentará a otros.

El 19 de noviembre de 2012 pasará a la historia de Colombia como uno de sus peores días. Porque ese día perdimos una porción enorme del territorio nacional, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia o de La Haya, fallos que considera “inapelables” María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores.

Con la firma de 19 senadores de todas las tendencias políticas, se radicó la ley que apunta a desmontar el monopolio y a promover la competencia en el sector de las comunicaciones móviles en Colombia (http://bit.ly/RCVUI4), monopolio que la subasta de 4G amenaza con extender al internet y a la televisión por suscripción, lesionando más a los colombianos.

Es regresiva la reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque, de un lado, disminuye en 8.06 billones de pesos los impuestos a las empresas más poderosas de Colombia y el mundo -cada día el país les pertenece más a los magnates extranjeros- y del otro y para compensar, aumenta los tributos al pueblo raso y a las capas medias.

El gobierno que preside Juan Manuel Santos avanza en su decisión de favorecer a BHP Billiton-Cerro Matoso.