Epa, ¿y la impunidad?

Las palabras de Daneydi Barrera pueden ser calculadas, pero al escucharlas deja la impresión de que salen del corazón.
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“Uno se puede equivocar en la vida, pero uno tiene derecho a cambiar, y las segundas oportunidades existen”, aseguró la influencer, conocida como Epa Colombia. Paso seguido dijo: “Y esa segunda oportunidad que me dio la vida, me la dieron las seguidoras, me impulsaron a ser la mujer que hoy en día soy, una mujer trabajadora”. No tengo dudas de que las segundas oportunidades existen. Todos las hemos recibido en algún momento. Yo mismo me he beneficiado de ellas más veces de las que me gustaría aceptar. 

Era su reacción a una noticia que la golpeaba con fuerza. El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, la condenó a 63 meses y 15 días de cárcel sin derecho a prisión domiciliaria, la inhabilitó para ejercer como influencer o youtuber y le impuso una multa de 492 salarios mínimos de 2019, un poco más de 407 millones de pesos.  

¿Una condena ejemplarizante o un castigo desproporcionado? Es la pregunta de muchos.  Vale la pena recordar los hechos. El 22 de noviembre de 2019 Colombia enfrentaba un paro nacional bajo los mismos motivos de siempre: rechazar las reformas educativa, laboral y pensional, necesarias en el país, pero fuera de orden por la crisis social y económica, que tampoco era nueva. Los saqueos, el vandalismo y la destrucción fueron más de lo mismo. Lo único distinto de aquella jornada, fue el video de Daneydi Barrera destruyendo a martillazos una estación de Transmilenio. Aunque tenía parte del rostro cubierto era evidente que se trataba de Epa Colombia, quien no hizo ningún esfuerzo por ocultar su identidad.  Sus actos violentos son totalmente rechazables y no se pueden excusar en la libertad de expresión; pero, tampoco, y menos desde la justicia, se puede atentar contra su libertad de expresión, basado en sus actos de vandalismo.  

Sin embargo, en un país donde la impunidad pasea oronda sobre los escándalos de corrupción más grandes de su historia, la sensación en el ambiente es que esta condena es exagerada, máxime contra alguien que reconoció su culpa, pidió perdón y pagó la primera multa que recibió. 

Basta mirar los escándalos financieros más sonados de Colombia, Odebrecht, Saludcoop, Interbolsa, Foncolpuertos, DNE, El Guavio, Carrusel de la Contratación, Fidupetrol, Reficar, entre muchos más, para descubrir que lo despilfarrado y robado multiplica con creces los daños causados por Daneydi Barrera. Claro, ella tiene otro agravante, y es que su apellido no es de abolengo, no nació en cuna de oro, y en eso los colombianos si que somos clasistas. Otra sería su situación si en su cédula dijera Puyo, Besaile, Lacouture, Dangond, Lyons, Cabrales, también entre muchos más, para entender que la casa por cárcel es un privilegio de aquellos que la pueden cumplir en las mansiones compradas con lo desfalcado al Estado. Y ellos si que no piden perdón.  

Si a esto le sumamos que, en Colombia, producto de procesos de paz que en lo personal he apoyado, los criminales hasta se pavonean en los pasillos del Congreso, como lo han hecho paramilitares y guerrilleros, la sanción contra Daneydi es escalofriante.  

Completa este panorama de absurdos que uno de los primeros en defender la que parece una desproporcionalidad fuera Francisco Barbosa. El Fiscal General, cuya labor ha sido bastante mediocre, ahora saca pecho porque gracias a su gestión se hizo justicia. No sé si con Epa Colombia se les fue la mano, pero lo que no es un secreto es que con los delincuentes de cuello blanco han abusado en regalarles beneficios, perdones y hasta absoluciones. ¡Que viva la impunidad!

JUAN CARLOS AGUIAR

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