La pobreza nunca ha dejado de ser una realidad dolorosa en el campo colombiano. Por décadas creció a niveles vergonzosos y su descenso reciente ha sido tan lento que, difícilmente, puede hablarse de algún grado de transformación en las condiciones de vida de sus habitantes.

La última medición del Dane, lejos de arrojar un parte de tranquilidad, corrobora su persistencia y constituye una alerta sobre el futuro. Hoy, 64 por ciento de la población ocupada en el campo –en su mayoría pobre– depende de actividades agropecuarias, muchas de las cuales se irán a pique con los TLC.

¿Cómo vamos entonces a atajar la profundización de las desigualdades y las brechas campo-ciudad?
La competencia con importados subsidiados será difícil y una mayor desaceleración del sector agropecuario –con destrucción de empleo y merma del ingreso rural, que podría ser del 70 por ciento– nos regresa a principios de siglo, cuando 72 por ciento de los campesinos era pobre.

De ahí sólo hay un paso para agudizar la violencia e incrementar cordones de miseria en las ciudades. Sin duda, 46 por ciento de los ganaderos –230 mil familias o 966 mil personas con menos de 10 reses– está en riesgo frente al TLC con USA y UE. Por supuesto, no seremos los únicos damnificados.

La experiencia de México con el Nafta debe servir. Allí, 150 mil de 180 mil ganaderos fueron expulsados del sector por la dura competencia y la pobreza pasó del 66 en 1992 a 81 por ciento en 1996, a sólo cuatro años del inicio del TLC.

Aunque 16 años después la situación no cambia sustancialmente, pues en 2010 el 61 por ciento de su población es pobre.

¿Podemos evitar que nos ocurra lo mismo? Es hora de una profunda reflexión sobre nuestra ruralidad.
Entre 2002 y 2011 la pobreza rural apenas disminuyó anualmente tres puntos porcentuales y mientras en las ciudades hoy llega al 30 por ciento, en el campo es del 46 por ciento.

Es decir, 16 puntos por encima de las urbes y 12 puntos más del registro nacional. Además, la pobreza extrema rural es tres veces más alta (22.1 por ciento) que en las cabeceras (siete por ciento) y el doble de la nacional (10.6 por ciento).

Desde el Índice de Pobreza Multidimensional el panorama es más crítico, pues involucra al 53 por ciento de la población rural, frente al 22 por ciento de la urbana.

Así, en una zona que alberga 12 millones de habitantes, seis millones malviven con menos de $2.900 diarios.

Si los oídos han sido sordos a nuestras reiteradas preocupaciones, frente a lo que consideramos una apertura a ultranza, hoy guardamos esperanza que el “superministro” del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, vuelva sus ojos a la pobreza rural.

Es un mal estructural, que se expresa en déficit de vivienda de 2.2 millones de unidades –50 por ciento del total nacional–, un ingreso per cápita 65 por ciento menor que en las ciudades, 94 por ciento de empleo informal, déficit de alcantarillado del 85 y 20 por ciento de analfabetismo.

Necesitamos evitar que los pobres sean aún más pobres y que otro batallón se sume a sus filas. Pero, no podemos curar un flagelo endémico con asistencialismo.

Urgen políticas de envergadura social, económica  y de desarrollo rural, para atajar las amenazas de mayor inequidad.     
El esfuerzo pasa por articular la institucionalidad pública y privada, para diseñar programas e instrumentos para enfrentar el choque externo que se avecina.

En esta cruzada los gremios estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, para habilitar acceso a vivienda rural, dotar de vías al campo, ofrecer asistencia técnica, programas asociativos y capacitación, entre otros frentes que pueden mejorar la productividad y el ingreso rural y hacer la diferencia en el incierto panorama que empezamos a sentir con los TLC.

El momento es ahora. Fedegán está listo. Esperar es sumar puntos a las trampas de la pobreza.