A raíz del reciente comentario mediante el cual rechacé la calificación que se le dio al incremento del salario mínimo decretado por Petro de ser el más alto del presente siglo, un lector me espetó un interrogante que siento la necesidad de responder, pues pone en entredicho la que ha sido mi posición política de siempre.

Este pasado 9 de enero, siendo las 12 de la noche, se cumplió el quinto aniversario de la culminación del cese al fuego que, por 101 días, había sido acordado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN en medio del cuarto ciclo de las conversaciones que por ese entonces celebraban en Quito estas dos fuerzas antagónicas.

La reacción de los opositores a Petro ante la declaratoria de cese bilateral de fuego con el Eln solo tiene una explicación: a esos opositores, sobre todo a los más extremos, nada les parecerá que se esté haciendo bien en materia de paz, sencillamente porque cualquier cosa que se haga con tal propósito va en contravía de la única paz que aceptarían, la paz de los sepulcros.

En términos generales, quienes respaldamos las propuestas electorales de Gustavo Petro estamos satisfechos con muchas de las decisiones políticas y sociales que ha adoptado como presidente, lo cual nos mantiene en la tónica de seguir acompañándolo… siempre que no dé motivos para otra actitud.

Todo parece indicar que el Gobierno de Gustavo Petro está ad portas de invertir algo así como 13 billoncitos de pesos en la compra de una flotilla de aviones de combate, ya que la actual, aunque no ha agotado todavía la vida útil de su última repotenciación, ofrece riesgos de sufrir graves percances en cualesquiera de las tantas confrontaciones que a diario libra, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Si por algo debe haber una permanente preocupación en la ciudadanía es por evaluar las decisiones presidenciales para verificar hasta dónde coinciden con sus promesas de campaña o se aproximan a ellas.

Cuando las clases dominantes de un país no encuentran la manera de dirimir sus problemas por las buenas o de afrontar la inconformidad social pacíficamente, los relevos presidenciales por fuera del orden constitucional se convierten casi que en su única tabla de salvación. Así viene ocurriendo en Perú, país que, en los escasos veintidós años que van corridos del presente siglo, ya ha visto desfilar diez gobernantes, a los cuales se suma ahora Dina Boluarte, la cara visible del golpe contra Pedro Castillo.

Conforme estaba previsto, este pasado 3 de diciembre se adelantó en Ibagué el Diálogo Regional Vinculante. Esta es una iniciativa que se viene adelantando en todo el país y al momento presente solo está pendiente el de la capital de la República.

Según la normatividad política vigente, los partidos tienen disponibles dos sistemas de listas para encarar los procesos electorales, los sistemas de listas cerradas y listas abiertas.

Un hecho bastante particular de la pasada contienda electoral fue el presentado con el candidato al Senado, Gilberto Tobón Sanín, quien obtuvo la bobadita de 173 mil votos, los cuales no le alcanzaron para conseguir la curul, mientras que a otros candidatos les fueron suficientes menos de 40 mil, e incluso menos de 15 mil en el caso de la Cámara.