Que se ataque todo acto de corrupción en los servidores públicos y que los mandatarios, esto es gobernadores y alcaldes, obren con transparencia, fueron temas reclamados y pedidos públicamente por los electores en la pasada campaña electoral en Colombia, si nos atenemos a la identificación de problemas prioritarios identificados en las encuestas electorales.

La alta publicidad que ha tenido el juicio que se adelanta al alcalde Samuel Moreno Rojas de Bogotá por posibles actos de corrupción en procesos de contratación de obras, ha puesto este tema en uno de los primeros lugares de los titulares de prensa y en las ideas de los ciudadanos.  Por ello, uno de los propósitos de gobierno expresados por Luis Carlos Delgado Peñón, el gobernador electo y de Luis H. Rodríguez, alcalde electo de Ibagué, se relacionan con la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia administrativa durante el cuatrienio que ellos comienzan el primero de enero próximo.

A Delgado y a Luis H., les toca estrenar la vigencia del nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y, por lo tanto, a más tardar el 31 de enero deberán publicar en las páginas web de la gobernación y la Alcaldía ( válido para todas las alcaldías), el Plan de Acción que comprenda las estrategias que sus gobiernos pondrán en marcha contra la corrupción y la atención al ciudadano, plan que debe incluir el mapa de riesgos de corrupción en cada una de las secretarías e institutos descentralizados, las medidas antitrámites para evitar pago de sobornos; mecanismos para mejorar la atención al ciudadano entre ellos la respuesta oportuna a derechos de petición. Es un mandato legal que incluirá objetivos y proyectos a ejecutar, indicando metas  y responsables de su cumplimiento.

Hay que abrir espacio a una agenda para la transparencia  en la gestión pública, que incluya mayor información a los ciudadanos sobre lo que el Gobierno está haciendo y sobre el monto de las inversiones de manera que presenten mínimo un informe cada trimestre.

Sería ideal, que se organizara y pusiera en marcha un “barómetro de la corrupción”, para exponer al público actos contra la transparencia o que se organizara la construcción de un Índice de percepción de la corrupción, a cargo de un grupo de transparencia, como el que existe para el país. O mejor, organizar un Barómetro de Transparencia” para estimular a los funcionarios más honestos.

No es grato que el Tolima, que según el Índice de Transparencia Departamental de 2008-2009 haya ocupado el puesto 15 y que, en consecuencia estuviera en “riesgo medio” con un puntaje de transparencia de 68.2. Le fue mucho  mejor a la Alcaldía de Ibagué porque en éste campo ocupó el décimo lugar entre las alcaldías del país.

Éstos índices se deben elevar, empezando por algo tan sencillo como darle respuesta a los ciudadanos, cuando interponen un derecho de petición.