El Soat ha pagado en tan sólo un año 464 mil millones de pesos cubriendo gastos médicos de emergencia, hasta gastos funerarios, reflejando un índice de accidentalidad de las motos de 140 por ciento. Son miles de familias afectas por la muerte de uno de sus miembros en la vía y, sin embargo, las cifras siguen incrementándose.

La impertinencia, la falta de sentido común, de inteligencia y de previsión hacen parte indiscutible del índice de accidentalidad en el país. Pero, además, las políticas viales del Estado son mal interpretadas y muchas veces mal practicadas por los policías respectivos.

Usualmente se practican retenes punitivos, no preventivos, y casi a hurtadillas, el policía de turno detiene motos y carros, en un lugar distante, por ejemplo, de las discotecas. Me pregunto si el fin es preventivo, si fuese así, deberían ubicarse a la entrada de los parqueaderos aledaños a los sitios de esparcimiento y detectar quiénes tienen estado de alicoramiento o están bajo el efecto de otras sustancias, para impedir que se conviertan en una amenaza en el volante.

Los conductores de motos están involucrados en 8 de cada 10 accidentes, responsables del atropello de uno de cada tres peatones, según el Fondo de Prevención Vial. Pero, igualmente, los conductores y acompañantes son altamente vulnerables y se convierten en el mayor número de víctimas.

Los carros públicos y particulares abusan en buena medida y no protegen al motociclista y mucho menos a los ciclistas, pareciera que condujeran con odio o irracionalidad, pero, igualmente, es evidente la falta de tacto de muchos motociclistas e incluso el oportunismo en el que caen para cobrar, por un accidente, en buen porcentaje, por su propia imprudencia.

Con el debate desatado sobre si se debe privar o no de la libertad a los conductores ebrios, sería procedente reactivar las cárceles para conductores, revisar el número de partes recibidos por los infractores e inhabilitarlos de por vida, para conducir si lo están haciendo bajo el efecto del alcohol u otras sustancias.

Además, independientemente de que el accidente sea fatal o no, quien conduzca en estado de embriaguez debe recibir una sanción de mínimo dos días de arresto.

La lección tendrá que ser aprendida y de esta manera superar la primera causa de muertes en el país, el mayor problema de salud pública que le ha quedado difícil resolver al Estado.

Además, los planes de estudio deben desarrollar significativamente la prevención vial, el cuidado y protección del otro y los otros, y la responsabilidad al volante. Las aseguradoras cuentan con videos dramáticos que deben presentarse en los diferentes auditorios como un mecanismo de sensibilización, a fin de que todos entendamos la importancia de prevenir accidentes.