El resto de la cadena del sistema, como lo registran los medios de comunicación todos los días, se muere a cada minuto incluidos pacientes y usuarios en la puerta de los hospitales.

No hay que olvidar que el pensamiento económico neoliberal impuesto milimétricamente al sector salud con la mentada Ley, implica percepciones de eficientismo y, por tanto, impone indicadores, estándares, metas y promedios para todos: Número de habitantes por cama, número de camas por doctores, auxiliares, enfermeras, jefes, etc.

El problema real de la Ley 100 impulsada por el expresidente César Gaviria Trujillo, y por nuestro expresidente Álvaro Uribe como senador, es que con ella instauraron el llamado sistema por aseguramiento, con intermediación; para evitar lo que los economistas y académicos llaman elegantemente el “riesgo moral”, o sea, que la gente hiciera mal uso del servicio cuando no lo necesitara y por eso crearon los copagos y demás como una forma de frenar los accesos, así como pedir la autorización a las empresas de salud para ver si el servicio se presta o no a quien lo pide.

Todo ello amparado desde luego en mucha negligencia, bacanería y conchudez de sindicatos y trabajadores del sector que son su actitud sirvieron en bandeja de plata la reforma ante la opinión pública. Eso también es cierto.

Pero bien, ahora pareciera que el tema tocó fondo y todo el mundo se cansó del pésimo servicio –cuando lo hay- y de que la gente se muera y se muera en la puerta de los hospitales mientras las EPS se hacen cada vez más ricas y poderosas, con el beneplácito de los últimos presidentes incluido el actual, Juan Manuel Santos, que los opinadores de profesión señalan de no hacer nada real y contundente para frenar el colapso del sistema.

Actúa como si estuviera en un juego de póquer donde no se quiere arriesgar mucho en la repartida de cartas.

Ahora en cabeza de uno de nuestros paisanos (Guillermo Jaramillo) se da una especie de rebelión de secretarios de salud y convocan para el próximo 19 de julio una primera marcha para exigir que se acabe el actual sistema de intermediación y aseguramiento, se derogue la Ley 100 y la plata no pase por tantas manos y se despilfarre.

Este es un primer paso para llevar el tema a un referendo para eliminar la Ley 100 de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos.

Lo que se conoce hasta ahora es que en una cumbre de esos secretarios de despacho se concluyó que lo más importante es que se derogue dicha Ley 100, y que el Estado asuma de manera real que la salud pública es un derecho fundamental y no se necesitan intermediarios (EPS) para el servicio al ciudadano en la red pública de hospitales.  

Ojalá y esta marcha sea masiva, que todos salgamos, que de nuevo se haga sentir la sociedad civil frente a un problema tan importante para la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, ancianos y todos los demás ciudadanos.

Si el presidente Santos no quiere sufrir una nueva derrota por parte de la ciudadanía y que su imagen siga cayendo y cayendo, y tenga cada día más en riesgo su reelección, le tocará buscar una “buena mano” de ases para subirse a este bus.